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Una denuncia de una mujer colombiana, en mayo de 2022, fue el detonante para que la Policía Nacional iniciara una investigación que ha dado sus frutos un año después con la desarticulación de una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Se trata de un clan familiar femenino formado por dos hermanas y una prima de estas que podrían haber regentado hasta seis prostíbulos en distintos puntos de la Región y que tenían Lorca como centro de operaciones. Colaboraban con otras personas y hay otros dos arrestados, una mujer y un hombre que ejercía como taxista en los traslados.
Según figura en las diligencias que se instruyen en el Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca, a las que ha tenido acceso LA VERDAD, a la primera denuncia le siguieron otras tres en los meses de junio y julio de 2022 y el relato de las víctimas coincidía. La cabecilla del clan, S. G. D. C, que tiene la doble nacionalidad colombiana y ecuatoriana, captaba a mujeres con escasos recursos económicos en países suramericanos con falsas promesas de trabajo en España. Hacía ostentación de alto poder adquisitivo, decía ser empresaria y les prometía que iba a ayudarlas a traer a su familia y a tramitar el permiso de residencia. Les pagaba el dinero del billete de avión y las esperaba en la estación de trenes de Murcia, pero una vez en España les decía que no había trabajo para ellas, les retenía el pasaporte para garantizar que no se iban a marchar, las intimidaba diciéndoles que eran irregulares en el país y que la Policía las detendría y las obligaba a prostituirse para poder pagar la deuda que habían contraído, y que rondaba los 1.200 euros.
El clan funcionaba como una pirámide y en cada uno de los pisos, situados en Archena, dos de ellos en Murcia, Totana, Lorca y Jumilla, había una encargada (mami). Según la primera denuncia, la jornada laboral se extendía desde las 9 de la mañana a las 12 de la noche hasta quince días seguidos, a los que seguían otros dos de descanso. Otras relatan que tenían que estar disponibles las 24 horas, sin días de descanso, y que la jefa se quedaba el 60% del dinero que ganaban con los servicios.
En cada piso se prostituían hasta seis mujeres, que iban rotando entre los de la organización, las controlaban en todo momento mediante cámaras de videovigilancia y los ingresos diarios de la casa oscilaban en algunos casos entre los 800 y 1.000 euros. Las cuatro mujeres, tres de ellas son testigos protegidos y una denunciante anónima, declararon a la Policía haberse sentido «engañadas y humilladas» y que su único propósito para venir a España era trabajar para poder traer a su familia. Solo las dejaban marcharse cuando habían pagado su deuda.
Una de las testigos, que trabajaba en el prostíbulo de Totana, declaró que en el piso «se vendía mucha cocaína», y en uno de los de Murcia, donde las mujeres solo podían dormir en el salón porque los dormitorios estaban reservados para los servicios con los clientes, las obligaban a consumir cocaína si se lo pedían estos.
La Policía estableció un dispositivo de vigilancia de la organización, intervinieron sus comunicaciones con escuchas, colocaron geolocalizadores en los vehículos que utilizaban y vigilancia estática para estudiar los movimientos de los miembros del clan. Pudieron comprobar cómo estaban marcados los porteros de los pisos donde se ejercía la prostitución y las entradas y salidas de las chicas, de los clientes y de sus vigilantes.
La investigación sigue abierta y de las indagaciones se deduce que la organización criminal estaría en funcionamiento al menos desde 2020. El número de víctimas puede superar la veintena, y las mujeres pueden no han denunciado por temor a represalias. La Policía comprobó que los miembros de la organización no tenían ingresos económicos por actividades laborales conocidas, algunos se encontraban en situación irregular en España y que la jefa del clan poseía un piso donde se ejercía la prostitución y compró otro en el centro de Lorca durante la investigación de la trama, donde residía.
El abogado lorquino Pascual Canales ejerce la defensa de tres de las acusadas que se encuentran en prisión provisional en la cárcel de Campos del Río desde que se practicaron las detenciones en los primeros días de mayo. Se enfrentan a penas de entre ocho y doce años de privación de libertad por los delitos de pertenencia a organización criminal para la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y delitos conexos, como favorecer la prostitución, la inmigración irregular y tráfico de drogas y contra la salud pública. Las diligencias no han concluido y las mujeres no han prestado aún declaración ante la juez. Aseguró, en declaraciones a LA VERDAD, que es un «procedimiento complejo» por el número de diligencias a practicar» y que se puede dilatar en el tiempo.
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