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La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia ha dictado una sentencia firme, condenando a seis personas, una de las cuales fue representado por el abogado Jorge Novella, por delitos contra la salud pública relacionados con el tráfico de drogas, específicamente cocaína, hachís, marihuana y otras sustancias estupefacientes. La resolución pone fin a un procedimiento judicial que se remonta a una investigación iniciada en noviembre de 2016 por la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Judicial de Lorca.
El caso comenzó con pesquisas policiales por la distribución ilícita de drogas en varios domicilios de Lorca. En enero de 2017, el Juzgado de Instrucción número 3 de Lorca autorizó la intervención de varios teléfonos móviles, lo que permitió a los agentes recopilar pruebas mediante escuchas telefónicas y vigilancias. Las investigaciones revelaron una red de distribución que operaba desde al menos noviembre de 2016, con tráfico de cocaína y hachís a consumidores, así como la participación de varios individuos en la cadena de suministro.
Entre las pruebas obtenidas, se documentaron ventas específicas en noviembre de 2016 y enero y febrero de 2017, con incautaciones que incluyeron cocaína de alta pureza, hachís y marihuana. El 3 de marzo de 2017, una operación de entrada y registro en un domicilio de Lorca permitió decomisar cocaína, marihuana, una balanza de precisión y otros materiales relacionados con el tráfico ilícito. Una semana después, el 10 de marzo, se detuvo a otro de los implicados en Puerto Lumbreras, donde se encontraron grandes cantidades de cocaína, dinero en efectivo, anfetaminas, éxtasis y LSD, además de todo el material necesario para su distribución.
La sentencia impone penas que oscilan entre un año y dos años de prisión, acompañadas de multas que van desde 500 euros hasta 50.000 euros, dependiendo del grado de implicación de cada acusado y las circunstancias agravantes o atenuantes aplicables. Entre estas últimas, el tribunal tuvo en cuenta la confesión de los hechos por parte de los acusados, la dilación indebida del proceso y, en algunos casos, la condición de drogadicción de los implicados, que influyó en su participación sin eximirles de responsabilidad.
Uno de los acusados, con antecedentes penales, recibió la pena más alta con dos años de prisión y una multa de 50.000 euros, con la agravante de reincidencia. Sin embargo, se le concedió la suspensión de la pena privativa de libertad por cinco años, condicionada al pago de una multa adicional y a no reincidir. Otros cinco acusados fueron condenados a penas de entre un año y un año y seis meses de prisión, también con suspensión condicional de entre tres y cinco años, junto a multas menores.
Tras la conformidad y las penas propuestas por el Ministerio Fiscal, la sentencia fue declarada firme en el acto, al renunciar todas las partes a recurrir.
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