Un matrimonio de ancianos, los primeros embargados por no justificar las ayudas por el terremoto de Lorca

Juan Carrillo y Ginesa Millán, un matrimonio de septuagenarios de Lorca, se han convertido en los primeros embargados por problemas en el proceso de justificación de las ayudas públicas que recibieron para reparar su casa tras los terremoto del año 2011.

Lo hizo público la hija de ambos, Pilar, en una rueda de prensa convocada por la Plataforma de Afectados por la Devolución de Ayudas que se celebró en el Ayuntamiento de Lorca y donde aseguró que la Agencia Tributaria ha retirado de la cuenta bancaria de sus padres mediante una orden de embargo los 3.721 euros de la subvención recibida hace siete años.

La mujer excusó la ausencia de sus padres en la convocatoria porque están «muy nerviosos» por la situación y denunció que a pesar de los recursos, alegaciones e inspecciones, este miércoles, sin previo aviso, fue ejecutado el embargo que ha reducido a la mitad los ahorros de sus progenitores.

«Es inhumano» , afirmó Pilar, que dijo sentirse «engañada» por las autoridades y que reiteró que sus padres cuentan con todos los documentos que acreditan que la ayuda pública percibida fue dedicada íntegramente a la reparación de su casa.

Los miembros de la plataforma que asistieron a su comparecencia ante los periodistas interrumpieron su discurso para afirmar que «nos han engañado, nos dijeron que eran ayudas pero eran préstamos. Esto es un robo».

La portavoz de la plataforma, la concejala de IU Gloria Martín, señaló que la pareja concluyó las obras de reparación de su vivienda el 15 de febrero de 2012, tal y como consta en las facturas que guardaron y remitieron a la Consejería de Fomento el pasado 1 de marzo de 2018, cuando les fueron requeridas.

Según lo establecido en la Ley de Subvenciones y en el Decreto 68/2011 por el que se regulan las ayudas para la reparación y reconstrucción de las viviendas afectadas por los seísmos en Lorca, el 16 de agosto del año 2016 prescribió el derecho de la Comunidad Autónoma a reclamar el reintegro de esta ayuda, dijo Martín.

Este matrimonio tenía seis meses para presentar las facturas y justificantes de pago desde que terminaron las obras y en ese momento comenzaban a computar los cuatro años de la prescripción por lo que según la plataforma «desde hace más de dos, el Gobierno autonómico no tiene derecho a exigir absolutamente nada a estos afectados».

«De nada han servido las alegaciones y el recurso de reposición sin resolver que han planteado», esgrimió Martín durante la rueda de prensa, en la que lamentó que tampoco hayan prosperado las gestiones que realizó el equipo de Gobierno municipal del PP cuando llegó la providencia de apremio a los vecinos.

Tampoco se ha dado validez al informe de un inspector municipal aportado a su documentación como elemento probatorio del empleo de las ayudas, puntualizó la edil de IU que relató como «Juan fue ayer a hacer gestiones a su banco y se encontró con que la Agencia Tributaria de la Región de Murcia había ejecutado un embargo en su cuenta por importe de 3.721 euros».

Los afectados, explicó su hija, no han recibido aviso previo por parte de la Agencia Tributaria ni tampoco la notificación de la diligencia de embargo en la que deben ser informados de los mecanismos legales para impugnarla.

Los afectados manifestarán su protesta con una concentración ante las autoridades que este mediodía asisten a la inauguración de la Feria de Artesanía de la Región de Murcia (Feramur) en la que entregarán una carta a la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, pidiéndole que inste al Consejo Jurídico de la Región a pronunciarse sobre la prescripción del plazo legal para justificación de ayudas.