El Ayuntamiento de Lorca reclama que se tipifique como delito el empadronamiento ilegal

Propone penas privativas de libertad y sanciones económicas para los que se inscriben en fraude y para los propietarios de las casas que lo consienten

Inma Ruiz

Domingo, 29 de septiembre 2024, 08:44

La cruzada que emprendió el Ayuntamiento hace más de un año contra los empadronamientos fraudulentos, el hacinamiento y el negocio de la infravivienda necesita más ... herramientas. En junio de 2023, entró en vigor la ordenanza reguladora de la gestión del padrón municipal de habitantes y, un mes más tarde, se creó una unidad específica en la que trabajan de manera coordinada la Policía Local, el servicio municipal de Estadística y varias concejalías, pero ahora el Ayuntamiento reclamará al Estado que tipifique esta práctica como delito en el ordenamiento jurídico. Lo desveló a LA VERDAD el alcalde, Fulgencio Gil, que adelantó que este asunto será debatido mañana en el Pleno. Su petición incluye sanciones económicas proporcionales a los ingresos obtenidos con el fraude y penas de privación de libertad. Las sanciones también afectarían a los propietarios de viviendas que «hacen la vista gorda» permitiendo estas prácticas que favorecen la marginalidad.

«Queremos endurecer» el castigo, «generar nuevas herramientas» para perseguir con mayor contundencia el mercado negro del empadronamiento, que sea un delito y que se establezcan sanciones a la medida de esas conductas. Gil recordó que el Ayuntamiento de Lorca fue el primero de la Región en crear una ordenanza y una unidad específica de control, que otras localidades de la Región y del resto de España están imitando. Las multas por incumplimiento de la norma son de hasta 3.000 euros.

Muchas de las irregularidades detectadas desde su entrada en vigor han sido por denuncias vecinales, pero el Ayuntamiento va a abrir una línea de WhatsApp y una dirección de correo electrónico para que los que tengan sospechas de que se puede estar cometiendo una infracción lo pueda hacer de manera anónima.

Abrirán una línea de WhatsApp y un 'email' para que se puedan comunicar de manera anónima estas infracciones

La ordenanza da potestad a la Policía Local para inspeccionar viviendas en las que estén empadronadas más de ocho personas que no tengan vínculo familiar entre sí y, hasta el momento, según fuentes municipales, han sido identificadas 903 personas, se han abierto 77 informes de intervención urbanística y la unidad ha generado la apertura de 93 expedientes de baja en el padrón. El número de requerimientos es de 417, entre propietarios y arrendatarios a los que se les ha solicitado que lleven a cabo los trámites necesarios para regularizar su situación.

Se ha llegado a comprobar que en una sola vivienda había inscritas 49 personas, han localizado casas no habitables, con puertas y ventanas tapiadas, en las que también se habían producido inscripciones, explotaciones agrícolas y ganaderas habilitadas como vivienda sin la preceptiva licencia, y que no reunían condiciones de habitabilidad.

En los últimos meses, se ha incorporado a la unidad de la Concejalía de Sanidad y se han impuesto sanciones por insalubridad en viviendas en las que se han detectado pulgas y garrapatas.

Vox, socio de gobierno del PP en el Ayuntamiento, llevará al Pleno una moción para reclamar al Gobierno de España la «inmediata expulsión» de todos los inmigrantes ilegales que residan en Lorca. En la moción, también buscará el acuerdo de los grupos municipales para que el Ejecutivo central promueva las modificaciones legales necesarias para evitar el fraude en el empadronamiento, que «permite a los inmigrantes ilegales acceder a beneficios y ayudas sociales».

IU contra los 'pisos patera'

IU-Podemos-Alianza Verde presentará una moción en el Pleno para que se persiga el negocio de los 'pisos patera' en los que, según su portavoz, Pedro Sosa, se cobran precios abusivos a inmigrantes sin recursos por el alquiler de habitaciones, que en muchos casos no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad.

Sosa reclamará también que se intensifiquen las labores de investigación sobre el padrón municipal para detectar hacinamiento, abusos y fraudes y un aumento de las inspecciones urbanísticas. Afirmó que su partido ha tenido conocimiento de que, en el mercado negro, se pagan «hasta 3.000 euros por un empadronamiento», un lucrativo negocio en el que se están dado casos, apuntó, de personas que compran bloques enteros de viviendas para alquilarlas por habitaciones en barrios como San Cristóbal.