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«La desidia y el abandono» de los propietarios de inmuebles está obligando al Consistorio a acometer obras en un importante número de edificios que presentan grave riesgo para los viandantes. En los dos últimos años, según la concejal de Urbanismo, María Saturnina Martínez Pérez, se han tenido que realizar actuaciones por un montante de unos 55.000 euros. «Las obras se han llevado a cabo de forma subsidiaria, pero antes de llegar a ese punto se han tenido que hacer una serie de trámites que requieren de largo tiempo y hasta su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia», contó la edil.
Esa larga burocracia requiere no solo de la implicación de técnicos de la Concejalía de Urbanismo, sino también de la responsable de la empresa municipal de limpieza, Limusa, la de Emergencias y la de Seguridad Ciudadana, que dirige a la Policía Local. Tras tener conocimiento de la situación de riesgo del inmueble se inician los trámites para localizar a los propietarios. «Es complicado, porque a veces se trata de inmuebles con varios dueños. Hay que encontrar una dirección a la que mandar los requerimientos», explicó Martínez Pérez.
Una vez que no se obtiene respuesta por parte de los propietarios, que reciben hasta dos avisos, se publica un anuncio en el Boletín Oficial de la Región. «Si después de todo ello no se ha logrado una respuesta de los propietarios, se realizan las obras de forma subsidiaria», añadió. Tras concluirse los trabajos, el proceso vuelve otra vez a los trámites. «Es entonces cuando hay que reclamarles el coste de las obras que se han efectuado», indica la edil.
En estos momentos, hay una treintena de inmuebles que precisan de urgentes obras para evitar riesgo de desprendimientos. Van desde los que presentan daños de poca consideración, fragmentos de fachada o alguna teja a punto de caer, hasta obras de mayor envergadura, destacó la edil, quien señaló que los costes que barajan para esas actuaciones suponen unos 200.000 euros.
La última Junta de Gobierno Local aprobó obras de emergencia en cinco viviendas abandonadas. Los trabajos fueron aprobadas con una inversión de 5.200 euros. Eran, sobre todo, dijo Saturnina Martínez, «sanear aleros de cubiertas y revestimientos de fachadas». Algunas de ellas, en pedanías.
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