El Pleno sobre convenios urbanísticos en Lorca será el martes 24

El Pleno monográfico sobre los convenios urbanísticos fallidos que el Ayuntamiento de Lorca firmó hace diez años para construir más de 86.000 viviendas no edificadas se celebrará el 24 de noviembre a las 10.45 horas.

Esta sesión extraordinaria fue solicitada al equipo de Gobierno del PP por todos los partidos en la oposición, PSOE, IU-V y C's, después de que hayan comenzado a multiplicarse las sentencias judiciales que condenan al Ayuntamiento a devolver a los promotores urbanísticos el dinero que pagaron al consistorio en 2005 al firmar esos acuerdos.

El Ayuntamiento recibió 12,7 millones de euros como fianza correspondientes al 40% del convenio para recalificar 5,2 millones de metros cuadrados de suelo inadecuado para desarrollo urbano, pero incumplió una cláusula que le obligaba a resolver en un plazo de tres años todos los obstáculos para permitir la construcción de los residenciales.

Los promotores urbanísticos comenzaron a reclamar la devolución del dinero judicialmente y hasta ahora el Ayuntamiento ya suma ocho fallos en contra que le obligan a pagar 5,2 millones, aunque la cifra se podría elevar a 16 millones de euros si continúan las condenas, en las que se incorporan las costas judiciales y los intereses.

Los convenios reclamados fueron aprobados en solitario por el PSOE, que entonces gobernaba el ayuntamiento lorquino, el PP abandonó el salón de plenos durante la votación y el único partido que voto en contra fue IU-V que ahora espera que PSOE y PP "pidan perdón a los lorquinos", afirmó el concejal Pedro Sosa.

Diego José Mateos, el portavoz del PSOE, explicó este martes que confía que en el Pleno del día 24 "se aclare toda la verdad sobre los convenios y no solo la que le interesa al PP" y recordó que el Consistorio no está siendo condenado por la firma de aquellos acuerdos, sino por su incumplimiento, que se produjo cuando el municipio ya estaba gobernado por los populares.

El alcalde, Francisco Jódar, dijo hace unos días que espera que el Pleno sirva "como análisis de qué ha pasado" como consecuencia de aquella política urbanística y que despeje si el gobierno socialista de 2005 estaba autorizado a gastarse los 12,7 millones de euros que percibió en gasto corriente o ese dinero tenía que ser reservado para planeamiento urbanístico, una vez que esos convenios estuvieran completamente resueltos.