La Confederación cierra 300 desaladoras desde la crisis del Mar Menor

Tres años después de que se diera la orden de cese de los vertidos de salmuera y nitratos al Mar Menor, vinculada a la paralización de las desaladoras para riego del Campo de Cartagena, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) sigue precintando estas pequeñas desaladoras con más intensidad que al principio. En la mayoría de los casos lo hace para evitar que sean utilizadas, puntualizó el organismo de cuenca. En las dos campañas de inspección y control llevadas a cabo hasta ahora, la CHS ha precintado 300 equipos. Asimismo, ha incoado 37 expedientes sancionadores contra productores y empresas agrarias de la comarca que utilizaron desaladoras ilegalmente, según la información facilitada ayer a 'La Verdad' por la CHS.

Esta actuación que dirige la Comisaría de Aguas es independiente de las diligencias por el 'caso Topillo' que desarrolla el Juzgado de Instrucción número dos de Murcia por la degradación medioambiental del Mar Menor, y que ha motivado la reciente operación de la Guardia Civil con el precinto de 48 desalobradoras, la clausura de 25 pozos y la investigación de 45 agricultores. Las dos líneas, la administrativa y la judicial, van en paralelo y con procedimientos diferentes, lo cual no impide que existan coincidencias en algunas fincas y empresarios agrícolas sancionados.

La Confederación Hidrográfica informó ayer de que tiene constancia de la existencia de 300 plantas para riego cuyo funcionamiento está prohibido desde que la Consejería de Medio Ambiente ordenó en junio de 2016 el cese de vertidos al Mar Menor. Un año antes, la Confederación empezó a actuar para cerrar los pozos e intensificó las inspecciones. La simple localización de una desalobradora, aunque no se use, lleva a que sea precintada por la CHS. Es lo que ocurre en la mayoría de casos, por el mero hecho de que siga instalada y no haya sido desmontada.

Así, en la primera campaña de precinto, entre los años 2015 y 2016, el organismo de cuenca envió 129 requerimientos a los propietarios de las fincas donde se detectó la existencia de este tipo de instalaciones. Como resultado, la Comisaría de Aguas precintó 115; unas después de que abriera el expediente sancionador y otras antes. En aquella primera operación, la CHS se centró en taponar las tuberías de entrada y salida de agua de los pozos y las desaladoras.

Esto habría bastado a los propietarios para desmontar y eliminar dichas instalaciones, pero no fue así, ya que en los dos últimos años y hasta la actualidad la CHS ha enviado otros 161 requerimientos, más que en la campaña anterior. El resultado ha sido el precinto de otras 153. Además de clausurar las tuberías de entrada y salida de agua, el organismo de cuenca ha desconectado el cableado y el motor para extraer caudal del pozo asociado. Entre 2017 y 2019, la Comisaría ha incoado 37 expedientes sancionadores, ya sea por incumplir algún requerimiento o por realizar sondeos para desalar el agua. Se estima que hay más de 700 pozos, la mayoría legalizados, aunque no pueden usar desaladoras.