La litigiosidad laboral mantiene 7.500 asuntos pendientes en los tribunales

«Es una barrabasada». Con esa expresión tan rotunda calificó ayer el decano del Colegio de Economistas de la Región, Ramón Madrid, la excesiva conflictividad laboral que se acumula en los tribunales para ser resuelta. Y un dato que así lo refrenda es que el número de asuntos pendientes en los doce juzgados de lo Social asciende a 7.500. Así lo reconoció el propio vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y magistrado de la sala de lo social del TSJ de Murcia Juan Martínez Moya, con motivo del encuentro sobre 'Reforma laboral, presente y futuro', organizado por el Colegio de Graduados Sociales, en el que participaron también otros ponentes destacados como el magistrado del Tribunal Supremo Antonio V. Sempere.

Un desayuno de debate moderado por el presidente de los graduados sociales murcianos, José Ruiz, en el que se habló también de contratación y extinción de la relación laboral, así como de los últimos pronunciamientos del Alto Tribunal, incidencia judicial y económico-social.

Martínez Moya destacó, no obstante, que en este ejercicio 2018 se están resolviendo en los tribunales más casos de los que llegan, teniendo en cuenta que la media de entrada hasta junio fueron 2.500 asuntos y se han saldado 2.900. Unas cifras que, en su opinión, resultan «elevadas» y suponen «una fuerte judicialización del conflicto laboral». Una realidad que le lleva a argumentar que se precisa un nuevo Estatuto de los Trabajadores, «ya que desde 1980 ha sufrido 50 reformas y quizás exige adecuarse a las nuevas políticas económicas nacionales y de la UE».

Al respecto, apuntó que hoy en día «existen muchas tipologías de contratos temporales y ello requerirá reflexionar mucho» teniendo en cuenta la necesidad de «fijar criterios de estabilidad» en las decisiones para asegurar «mayor estabilidad económica y de inversiones».

Por su parte, Sempere, antiguo catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Murcia, sí dejó claro a todos los presentes que «no tenemos una legislación laboral complicada», mientras desgranó distintos casos que se han dirimido en los últimos tiempos en la máxima instancia judicial en materia de contratación, despidos, extinción y salarios. Aunque insistió en que «pensar que no haya discusión no es realista».

Así, hizo hincapié, por ejemplo, en el cambio de perspectiva que se ha introducido en cuanto a la subrogación convencional con la adjudicación de contratos de servicio de la administración (limpieza, seguridad), con una sentencia del Supremo del pasado 27 de septiembre, a partir de un fallo del Tribunal europeo (11 de julio), por el que establece que la nueva empresa, además de integrar a los trabajadores de la anterior concesionaria, tiene que asumir las deudas y obligaciones de la firma saliente.