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La entrada en vigor del real decreto que establece limitaciones a la navegación en el Mar Menor, cuyo principal objetivo es reducir el impacto ... ambiental negativo de buques y embarcaciones en la laguna, incluidas las de recreo y las motos náuticas, ha tenido ya las primeras consecuencias prácticas. La Comunidad Autónoma, a través de sus agentes medioambientales, ha propuesto las primeras quince sanciones contra titulares de embarcaciones por prácticas irregulares como el fondeo en zonas de baño y en áreas con presencia de nacra ('Pinna nobilis') y realizar varadas en distintas playas de la albufera. Los expedientes están ya en manos de la Capitanía Marítima de Cartagena, organismo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible encargado de realizar la tramitación administrativa de las multas. Y se refieren a conductas anómalas detectadas en los meses de marzo y abril en lugares como La Manga (cerca de la Escuela de Pieter), San Javier y las islas Perdiguera y del Barón.
Los infractores afrontan multas que oscilan entre 500 y 1.000 euros en el caso de los fondeos a menos de doscientos metros de la costa y de las varadas, así como de mil euros en el de la invasión de las áreas protegidas por la presencia de nacra. A propuesta del Gobierno regional, Capitanía prohibió ya en septiembre de 2023 anclar barcos al fondo marino en cuatro áreas para proteger este molusco bivalvo, declarado en situación crítica por una Orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Son las inmediaciones de Isla de la Perdiguera, Isla Mayor, Punta del Galán-Pedruchillo y Matas Gordas. Estos trabajos fueron asumidos por la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, que está tramitando la autorización de la Demarcación de Costas para colocar las boyas.
Respecto a las motos de agua, cuya elevada velocidad de navegación ha motivado quejas de vecinos y bañistas en los últimos días, fuentes de Capitanía Marítima indicaron que está previsto realizar esta primavera y en verano campañas específicas de control a través del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. La normativa fija una velocidad tope de 5 nudos en las zonas con menos de 4 metros de profundidad, un máximo que Capitanía considera «difícil de cumplir» por dos motivos: que apenas hay áreas con una profundidad mayor y que es habitual detectar motos avanzando a entre 14 y 20 nudos. Otro obstáculo para poner coto a las distintas prácticas ilegales es la escasez de medios humanos y materiales. En Capitanía recuerdan que la Guardia Civil tiene encomendadas numerosas tareas en todo el litoral, incluido el Mediterráneo, como el control de las pateras, de la pesca irregular y del tráfico de drogas.
Por ello, Capitanía plantea que la Comunidad ponga en marcha una guardería medioambiental para el Mar Menor, un cuerpo con agentes especializados y competencias sobre todo el espacio protegido, tanto en mar como en tierra. También insta a impulsar la creación de polígonos de fondeo, pues ahora solo existe el de San Pedro del Pinatar, que además está en fase de regularización.
La llegada del buen tiempo ha aumentado el movimiento de barcos en la laguna, lo que se ha traducido en un mayor fondeo irregular de barcos cerca de las playas de los municipios ribereños. Los principales 'puntos negros' están junto al Club Náutico de Los Alcázares y al de Santiago de la Ribera, así como al lado del polígono de fondeo de San Pedro y los alrededores del puerto deportivo Tomás Maestre, en La Manga. Capitanía ha solicitado, de nuevo, la colaboración de los ayuntamientos para despejar estas áreas.
A solo dos meses del inicio oficial del verano, y menos de tres después de la aprobación en el Consejo de Ministros del real decreto de limitaciones a la navegación marítima para la protección y recuperación del Mar Menor, el Ministerio de Transportes anuncia que elaborará otro sobre la cuestión. Lo hará para aclarar las dudas sobre el alcance de la prohibición del fondear embarcaciones en la laguna. El artículo 7 de la norma actual veta el fondeo «en zonas de especial protección para las aves, la cual comprende la totalidad del Mar Menor», admite el Gobierno de España en respuesta a una pregunta de los senadores del Partido Popular por la Región de Murcia: Francisco Bernabé, José Ramón Díez de Revenga, Antonia López y Antonio Luengo.
Y afirma que «para evitar errores en la interpretación de la normativa, se ha trasladado a la Región de Murcia que este precepto se debe interpretar en el sentido de que el fondeo en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) tenga lugar de acuerdo con los instrumentos de planificación y gestión de esa zona».
«No obstante, con el fin de dar seguridad jurídica a esta interpretación, se va a tramitar un Proyecto de Real Decreto para aclarar estas cuestiones, en cuyo proceso de elaboración se dará audiencia a la Región de Murcia para que alegue cuanto estime pertinente», argumenta el Ejecutivo.
En febrero, el Ministerio informó a LA VERDAD de que el decreto debía «desarrollarse con resoluciones por parte de las administraciones competentes en cada materia: Capitanía Marítima, Dirección General de la Marina Mercante y la Comunidad Autónoma». Y añadió. «Serán estas resoluciones las que delimiten exactamente los espacios establecidos para el fondeo». Ahora, el Ministerio que ahora dirige Óscar Puente asume otra solución a la confusión sobre las ZEPA, una cuestión sobre la que le advirtió la Consejería de Medio Ambiente durante la fase de consultas. Entonces, el Ministerio hizo caso omiso.
Los responsables de la empresa Solaz Lines, que gestiona un servicio de excursiones marítimas en el Mar Menor, ha solicitado autorización para instalar durante cuatro años un embarcadero-pantalán desmontable en la zona de El Pedruchillo de La Manga. La compañía gestiona el barco 'Solaz', que opera desde esa misma playa, en el kilómetro 8 de esta localidad (en el municipio de San Javier), gracias a la rampa de acceso de la propia embarcación. Y pretende disponer de un embarcadero, tras haber tenido que retirarlo en el año 2014 por el cambio de la normativa que regula este tipo de instalaciones. El gerente de la mercantil, Salvador Olmos, explicó a LA VERDAD que el proyecto acaba de pasar la fase de información pública por parte de la Demarcación de Costas del Estado en la Región de Murcia. Según la empresa, el embarcadero supondría «la revitalización económica de San Javier, al incrementar su actividad en el ámbito turístico ambiental». Y, según el estudio de impacto ambiental, «para minimizar la posible afección a los ecosistemas marinos», usaría «perfiles metálicos IPE 80», hincados a mano a 50 o 60 centímetros.
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