El TSJ da vía libre a las oposiciones y niega la suspensión cautelar pedida por Aidmur

El TSJ dicta en su fallo que no suspende cautelarmente el proceso, aunque matiza que esa decisión no supone el final del asunto: «Todas las cuestiones que se plantean en el escrito de solicitud de la suspensión son cuestiones de fondo, en las que no podemos entrar en este momento procesal. Tampoco se plantea una nulidad de pleno derecho de los actos administrativos impugnados; lo que se plantea es una interpretación en cuanto a la aplicación de una norma concreta, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, pretendiendo que la suya es la correcta. Esa cuestión, como decimos, es una cuestión de fondo, por lo que no nos podemos pronunciar en este momento».

El TSJ ha considerado «los intereses en juego; ciertamente, la suspensión solicitada supondría un perjuicio para los intereses generales; así, resulta que hay más de 10.000 personas que han solicitado participar en estos procesos; ello supone que la administración demandada debe empezar a realizar las correspondientes actuaciones logísticas para la realización de las pruebas, labor que desde luego es masiva, al tratarse de una oposición masiva, siendo aún más complicada en las actuales circunstancias por todos conocidas en que seguimos sufriendo una situación de pandemia».

El TSJ estima que la suspensión cautelar de las oposiciones afectaría a un gran número de personas, los opositores inscritos y ya admitidos, que con la suspensión verían frustrados sus esfuerzos de años; estas personas verían frustrada su legítima aspiración a convertirse en funcionarios públicos y a tener un futuro profesional».

Aidmur presentó el pasado abril el recurso que pedía la suspensión cautelar de las pruebas porque consideró que las 466 plazas adscritas a la Oferta de Empleo Público de 2022 «exceden con creces las que serían legalmente encuadrables en la tasa de reposición», ya que se han incluido «decenas de plazas correspondientes a vacantes de plantilla que por ley debían reservarse a procesos especiales de consolidación». El sindicato criticó la actitud de la Consejería de Educación que, «a pesar de ser consciente de que no puede integrar decenas de plazas como propias de la tasa de reposición, ya que corresponden a vacantes de plantilla que deben reservarse a los procesos extraordinarios de consolidación, ha decidido seguir adelante con sus planes, ignorando por completo los derechos de los docentes».

La sentencia del TSJ que avala la celebración de las oposiciones el próximo sábado establece que «las argumentaciones de la parte recurrente relativas a las cuestiones de fondo no pueden fundamentar la medida de suspensión. Además, no apreciamos una causa que de forma patente determine la nulidad de pleno derecho de la convocatoria».

Educación rebajó la oferta inicial de plazas para poder realizar los exámenes de acuerdo al modelo antiguo y no al recién aprobado este año. El problema que obligó a la rebaja de la oferta radica en que, de las 1.240 plazas propuestas inicialmente, solo 400 están asociadas a la tasa de reposición y las 800 restantes están vinculadas a la cuota de estabilización. En el caso de esas 800 plazas, no era posible aplicar el sistema antiguo, porque así lo impedía la ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Así, Educación optó por adelantar más de 400 plazas de la tasa de reposición de este año para compensar, aunque solo en parte, la rebaja. Las cerca de 340 plazas que se quedan sin convocar este año se 'guardan' para la próxima convocatoria.