Miras se negará a aplicar la «comunista» Ley de Vivienda

Como con la 'ley Celaá', el Gobierno regional hará todo lo posible para evitar que se aplique en la Región la nueva Ley de Vivienda estatal acordada por PSOE y Unidas Podemos. La reforma, principalmente en la parte que pretende la regulación del mercado de los alquileres, es una histórica reivindicación del socio minoritario, además de una condición para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2022.

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, definió la normativa -que todavía ni siquiera ha sido aprobada por el Consejo de Ministros- como «expropiatoria, intervencionista y alejada de las políticas liberales que defendemos en la Región». En declaraciones a los medios de comunicación a su llegada la Feria Internacional de Frutas y Hortalizas Fruit Attraction 2021, celebrada en Ifema (Madrid), el jefe del Ejecutivo regional mostró su rechazo a la propuesta de la coalición de PSOE y Unidas Podemos, avisando de que utilizará cualquier mecanismo que esté a su alcance para legislar de tal forma que la «ley comunista» del Gobierno de Pedro Sánchez no tenga efectos en la Región. En el caso de la regulación de los precios de los alquileres, le basta con no solicitar la declaración de zona tensionada para la Región.

«El Gobierno que presido apuesta por todo lo contrario. Por la libertad de las personas, por la libre competencia, por la economía de mercado y por que cada uno trabaje, pague pocos impuestos y pueda hacer lo que le dé la gana con lo que se ha ganado con el sudor de su frente, su sacrificio y con su trabajo», aseguró el dirigente popular.

La postura de López Miras responde a una consigna de la dirección nacional del PP, pues otras comunidades autónomas gobernadas por los populares (Andalucía, Galicia, Madrid y Castilla y León) anunciaron que harán lo mismo. Pablo Casado, líder nacional del PP, reveló que presentarán un recurso de inconstitucionalidad cuando la ley se apruebe en el Congreso de los Diputados, si es que lo llega a hacer.

El argumentario del Gobierno regional considera que lo que se ha conocido hasta la fecha sobre la futura Ley de Vivienda es «un órdago a la propiedad privada», repleto de «medidas intervencionistas que dificultarán el acceso a una vivienda asequible y aumentarán las desigualdades, justo lo contrario de los objetivos que dicen perseguir, ya que al intervenir los precios desincentivarán el mercado y se reducirá la oferta de viviendas en alquiler». Así lo expresa el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, que muestra su preocupación ante la consideración de las viviendas como «bienes sociales». «Nos oponemos a que el Estado tome el control de las viviendas de todos los españoles, porque será quien decida cuándo tenemos que alquilar una vivienda, a qué precio, cuándo hay que rehabilitarlas y también da carta blanca a todo tipo de ocupación», explicó.

Díez de Revenga señaló que el denominado como 'bono joven', que anunció Pedro Sánchez, «ya existe en el actual Plan de Vivienda de la Región y se podrá solicitar en las próximas semanas».

Por su parte, la diputada del PSOE Consa Martínez calificó de «irresponsable» al jefe del Ejecutivo regional por afirmar que se va a saltar una ley que «busca mejorar la vida del millón y medio de ciudadanos de la Región. López Miras pretende que los jóvenes no se independicen nunca», afirmó la parlamentaria.

El coordinador regional de Podemos, Javier Sánchez Serna, afirmó que el presidente de la Comunidad «antepone los intereses de los especuladores a los de las personas que no pueden acceder a una vivienda».

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