La ley de la Infancia regulará la protección de la salud mental y contra la violencia digital

Así lo detalla el documento que la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha sacado a consulta pública, disponible en el portal de la Transparencia hasta el próximo 30 de abril, y que recoge los principales ejes de actuación del futuro texto, en el que la Comunidad comenzó a trabajar en 2022, para recabar las aportaciones de la ciudadanía a través de un test 'online'.

El Gobierno regional aborda esta fase después de completar la ronda de jornadas participativas con profesionales de las administraciones públicas y de entidades relacionadas con la protección y defensa de los menores, así como los propios niños, niñas y adolescentes, para fijar los contenidos esenciales a incorporar en la ley. La intención, según señalan a LA VERDAD fuentes de la Comunidad, es contar con el borrador antes de que termine el año, aunque advierten de la «gran complejidad» que entraña el proceso de incorporación de sugerencias.

El texto rebasa el enfoque de la ley anterior, que estaba centrado casi en exclusiva en la regulación del sistema de protección de los menores en situación de riesgo o desamparo para dar rango propio a la condición de la infancia y la adolescencia y elaborar un marco legal que aborde «todas las materias que afectan a los menores».

Una parte importante de la futura norma se dedicará al desarrollo autonómico de la ley estatal de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), aprobada en 2021 y que ya cuenta con réplicas regionales en varias comunidades mientras la Región sigue a la espera. En este sentido, garantizará la integridad «física, psíquica, psicológica y moral» frente a cualquier forma de violencia, y consagrará como principio y derecho fundamental de los menores el «buen trato» en los denominados «entornos seguros»: la familia, los centros educativos, el ámbito deportivo y de ocio, el digital y los centros de protección.

Para ello, fijará los niveles de actuación de la Administración regional y las entidades locales en estos entornos, donde deberán abordar actuaciones concretas en la «sensibilización y prevención, la detección precoz, la protección y la restitución o reparación integral» ante una vulneración de los derechos de los menores. Aquí se acotará la figura del coordinador de bienestar y protección para reforzar su papel en todos los centros educativos, y de la figura del delegado de protección en actividades de deporte y de ocio.

La directora general de Familias, Infancia y Conciliación, María Luisa Lozano, recuerda que, en cuanto a la protección del ámbito digital, la Consejería debe tener en cuenta también las novedades anunciadas en la futura legislación nacional a través del proyecto de ley para la protección de menores en entornos digitales, así como las que se puedan adoptar en el futuro. «Contaremos con medidas regionales, pero también se prevé que la ley sea lo suficientemente amplia como para que las medidas se puedan seguir generando, porque la sociedad evoluciona», asegura. Otro de los aspectos claves es el desarrollo del derecho de los menores «a ser escuchados» en todas aquellas decisiones que les afectan y que se materializará en la creación de un consejo autonómico de participación infantil y adolescente, que era una de las peticiones recurrentes desde entidades como Unicef y la Plataforma de la Infancia. Este buscará articular el ejercicio de la condición de ciudadanía activa de los menores «con representantes de los distintos municipios», afirma Lozano.

La ley incorporará por primera vez la regulación de «los deberes» de la infancia y la adolescencia en los ámbitos familiar, educativo y social, aunque ya advierte la Consejería en el documento de que la dimensión de este apartado será «más moral que jurídica», con la intención «educar en la asunción de responsabilidades».

La Consejería dará cabida también a lo dispuesto en la ley de Protección Jurídica del Menor, aprobada en 2015, dando prioridad a las «medidas estables frente a las temporales, las familiares frente a las residenciales y las consensuadas frente a las impuestas». En este eje de actuación, la ley regional recogerá la preferencia por que el menor pueda vivir con la familia de origen, no solo a través de la intervención en caso de riesgo, sino también en los de guarda o tutela administrativa, con la aprobación de un plan individual de protección en el que «siempre se incluirá un programa de reintegración familiar», según señala el documento.

Determinará, por otra parte, los criterios por los que se podrá declarar la situación de riesgo de un menor, incluyendo el que pueda ser detectado antes de su nacimiento, y la regulación de las medidas de protección que se puedan adoptar. Al respecto, desarrollará el procedimiento para la declaración de guarda provisional sin declaración previa de desamparo y la guarda voluntaria a solicitud de los progenitores.

Además, dictará las condiciones del denominado acogimiento especializado y profesionalizado, que ha empezado a funcionar en la Comunidad, una modalidad donde al menos una de las personas de la familia acogedora cuenta con formación y experiencia cualificada para la atención de niños, niñas o adolescentes que, por sus características o necesidades especiales, como por ejemplo, problemas de salud física o mental, discapacidades, conductas disruptivas, traumas severos, etcétera, requieren cuidados y atención más intensivos de los que puede ofrecer una familia de acogida convencional. Otras novedades previstas son la regulación de las condiciones de la adopción abierta, donde hay contacto entre la familia adoptiva y la biológica, y el derecho de las personas adoptadas a conocer los datos sobre sus orígenes biológicos.

El texto que prepara la Consejería de Política Social también garantizará los programas de preparación para la vida independiente de los menores tutelados por la Administración, fijando la edad de incorporación a los mismos y su contenido. De este modo, los que estén en pisos tutelados o en centros y alcancen la mayoría de edad, uno de los momentos más críticos a los que se enfrentan estos jóvenes, cuando pueden verse abocados a situaciones de vulnerabilidad, recibirán apoyos para integrarse la sociedad y valerse por sí mismos cuando la protección de la Comunidad decaiga.

En la Región de Murcia ya se desarrollan algunas iniciativas para la promoción de la autonomía de los extutelados que han registrado resultados satisfactorios, como es el caso de JEX en Acción, una iniciativa que nació como una investigación de la Universidad de Murcia sobre la promoción de oportunidades laborales en el colectivo, y que ha llegado ya a más de un centenar de jóvenes en esta situación desde que arrancó en 2022. Más del 40% de los participantes han logrado acceder a un contrato.

La ley regional contendrá un apartado dedicado a los centros de protección de menores con problemas de conducta, donde fijará las exigencias de las medidas de seguridad y de contención para acordar el aislamiento, aplicar el régimen disciplinario o el control y la supervisión de la administración de medicación.

Por último, según señala el documento hecho público por la Consejería, se recogerán los principios de actuación para la gestión de medidas judiciales, donde se definirá la designación de un profesional de referencia, los derechos específicos en sanidad, educación y empleo, servicios sociales y atención específica a mujeres, y contemplará la creación de distintos órganos entre los que destaca un Observatorio para la Infancia y la Adolescencia.