Los letrados judiciales aceptan la subida salarial del Ministerio y levantan el paro

Tras dos meses de huelga indefinida que ha tenido graves consecuencias en el funcionamiento de juzgados y tribunales de todo el país, los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) votaron ayer de forma mayoritaria aceptar la propuesta salarial del Ministerio de Justicia y poner fin a los paros. El 76% de la plantilla de este Cuerpo Superior Jurídico, integrado por cerca de 4.200 profesionales, se mostraron a favor de aceptar subidas medias de entre 430 y 450 euros brutos al mes que compensen la carga de trabajo asumida tras la implantación de la oficina judicial en 2010.

Según informó el Ilustre Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, se respalda de forma mayoritaria la propuesta remitida por Justicia al comité de huelga, que será ratificada hoy en la reunión prevista con el departamento dirigido por Pilar Llop a las 11.00 horas. Solamente habría que aclarar «algunos términos del acuerdo final», recalca el comunicado de la asociación profesional.

Ayer se desarrollaron asambleas en todo el país en las que se dio «detalladas cuentas» de la propuesta del Ministerio. De los 2.013 votos emitidos (la mitad de la plantilla), 1.524 fueron a favor (76%), 421 en contra (21%) y 68 abstenciones (3%).

La oferta se cuantifica en una subida de 430 euros brutos mensuales, como complemento de eficiencia, para los letrados de Justicia donde todavía no se ha implementado la nueva oficina judicial. Y de entre 430 y 450 euros brutos para aquellos que forman parte de los tres niveles directivos.

Por ejemplo, para el centenar de efectivos que conforman las secretarías de Gobierno, de coordinación provincial y las direcciones de servicio común la subida sería de 450 euros. Para los directores de los servicios comunes de ejecución y registro, de 440 euros, y para los miembros de las unidades procesales de apoyo directo al juez, 430 euros.

La subida, sin embargo, va condicionada en tres plazos: un 40% con efectos retroactivos al 1 de enero pasado, un 40% a percibir desde el 1 de enero de 2024 y el 20% restante el 1 de julio de 2024. El coste de esta oferta se cuantifica en 22 millones de euros anuales.

El acuerdo parece que llegará después de más dos meses de huelga en los que, según los datos de las asociaciones convocantes, se han suspendido unos 356.000 juicios y vistas, han quedado paradas unas 424.000 demandas y se han mantenido parados en las cuentas de consignaciones judiciales hasta 1.280 millones de euros.

En estas nueve semanas, los colectivos participantes –la Unión Progresista de Letrados, el Ilustre Colegio Nacional y la Asociación Independiente de Letrados– registraron una participación de entre el 73% y el 85%, mientras que Justicia rebajó el seguimiento a entre el 18% y el 34%. Desde el 24 de enero, los LAJ se manifestaron en dos ocasiones a las puertas del Ministerio para reclamar que se les compensase en la nómina la carga de trabajo asumida en los últimos años; pidieron la dimisión del secretario de Estado de Justicia, Tonxtu Rodríguez, y la de la ministra por su «inoperancia».

Durante la huelga, la titular del Ministerio recordó las medidas adoptadas en el último año en favor de los LAJ y pidió al comité de huelga que se alejara de posturas «maximalistas» y que presentara propuestas «realistas». El punto álgido del conflicto tuvo lugar tras la primera reunión de este año. El 17 de febrero ambas partes se sentaron a la mesa durante más de 15 horas y se levantaron con reproches mutuos por mantener posturas inamovibles. Sin embargo, la intervención del Ministerio de Hacienda en la reunión dio un vuelco a la negociación, que con toda seguridad pondrá fin hoy al primer paro indefinido en la historia de la Administración de Justicia.

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