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La Audiencia Provincial tenía previsto sentar en el banquillo la próxima semana a cinco acusados de defraudar a extranjeros con la venta de viviendas ilegales en una urbanización de la zona de Vallesol, en la pedanía murciana de Gea y Truyols. La vista, sin embargo, ha tenido que ser aplazada con motivo de la pandemia debido a las restricciones en vuelos y desplazamientos que impedían la comparecencia de varios testigos. La Fiscalía solicita para los acusados penas que suman 29 años de prisión por presuntos delitos de estafa e indemnizaciones que podrían ser millonarias -al contemplar las diferencias del precio urbano y rústico, las sanciones y multas urbanísticas, y los costes de posibles demoliciones-.
Los procesados, según recoge el Ministerio Público, entre los años 2002 y 2006 desarrollaron un despliegue publicitario con el objeto de captar clientes de nacionalidad extranjera para la venta de vivienda de unos terrenos rústicos en esa zona de Gea y Truyols. Lo hicieron presuntamente a sabiendas de que no eran edificables y a precios de suelo urbanizable.
Las viviendas, que se llegaron a construir a pesar de la ilegalidad, sostiene el fiscal, no contaban con documentación y fueron objeto de expedientes. A varios de los querellantes se les impusieron incluso sanciones que ahora el Ministerio Público reclama que se les abonen
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