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Los juzgados de la Comunidad tienen bloqueados más de 119 millones de euros. Este importante proviene del dinero abonado por fianzas, costas y otros ... conceptos. Son las llamadas cuentas de depósitos y consignaciones donde los ciudadanos ingresan el dinero cada vez que tienen que pagar una multa impuesta por un juez, una fianza para eludir la cárcel o la indemnización fijada en una sentencia. La mayor parte de esa cantidad –actualizada a finales del primer trimestre de este año, según datos del Ministerio de Justicia– queda fuera del circuito económico a la espera de una resolución que, en ocasiones, tarda años en llegar.
Entre enero y marzo de este año se ingresaron en los juzgados murcianos más de 61,5 millones de euros –con cerca de 47.000 entradas diferentes–, pero se devolvieron depósitos por hasta 63,4 millones de euros. El saldo total de las cuentas al terminar el primer trimestre del presente ejercicio ascendía a 119.258.415 euros. En todo el país eran más de 4.793 los millones de euros bloqueados. Las cifras fluctúan, pero el saldo medio de estas cuentas es desde hace años superior a los cien millones de euros y en alguna ocasión ha superado los 125 millones, según los balances del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En el desglose por provincias, Murcia es la décima región que acumula una mayor cantidad en estas cuentas. El 'ranking' está liderado por Madrid (con más de 889 millones) y Barcelona (con 468 millones). El grueso de este dinero, en el caso de Murcia, proviene de la jurisdicción civil, que aporta el 53,3% del total. Esto se debe, en parte, a los depósitos de los procesos mercantiles, que en muchos casos son millonarios.
Los juzgados mixtos –que afrontan casos penales y civiles a la vez– controlan otro 27% del dinero depositado en las cuentas. Los órganos penales, contencioso-administrativos y sociales tienen bastante menos peso en este montante.
Las varias decenas de millones de euros inmovilizados en estas cuentas es uno de los muchos datos que el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, pone encima de la mesa para tratar de demostrar el fuerte impacto que el retraso judicial tiene en la economía regional.
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