Un juzgado investiga al jefe de Transparencia por el presunto cobro ilegal de 600.000 euros

Jesús García Navarro, el nuevo responsable de la oficina del Consejo de la Transparencia y 'número dos' del presidente de este órgano, José Molina, está siendo investigado por un juzgado de Caravaca de la Cruz por su condición de administrador único del gabinete legal Abogados y Consultores de la Administración Local (Acal), al que se atribuye haber facturado y recibido del Consistorio caravaqueño más de 600.000 euros de forma supuestamente irregular. Estas diligencias tienen su origen en una denuncia interpuesta en 2017 por la Fiscalía Superior de la Región por un presunto delito de malversación de caudales públicos.

La investigación, que coordina el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Caravaca de la Cruz, Fernando Campoamor, tiene como punto de partida el contrato que Jesús García Navarro, en representación de Acal, suscribió en noviembre de 1999 para prestar servicios de asistencia técnica al Consistorio. El compromiso era por cuatro meses, a razón de 352.000 pesetas mensuales (unos 2.100 euros). La expiración de este contrato no habría impedido que, a lo largo de los siguientes catorce años, Acal haya seguido facturando por sus trabajos al Ayuntamiento y a entidades dependientes de este, hasta superarse los 600.000 euros en ese periodo. Y todo ello a pesar de que presuntamente, y según los informes aportados al juzgado por el Consistorio, no consta desde aquel lejano año de 1999 relación contractual alguna ni adjudicación formal con Acal.

En esta misma causa están siendo investigados el antiguo alcalde popular de Caravaca de la Cruz, Domingo Aranda, así como dos de quienes fueron sus concejales de Hacienda, dos interventores y un tesorero.

Este periódico desveló ayer que Jesús García Navarro, quien hace un mes tomó posesión como responsable de la oficina del Consejo de la Transparencia, se había visto favorecido en los últimos años, a través del despacho Acal, por contrataciones de dudosa legalidad con varios ayuntamientos, lo que había acabado mereciendo el reproche de órganos fiscalizadores como el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

El despacho también estuvo investigado en las diligencias del llamado 'caso Acal', por sospechas de que había elaborado informes jurídicos falsos y hechos a medida para justificar, a posteriori, determinadas decisiones municipales sobre planes urbanísticos. Esta causa se acabó archivando por un error formal del juzgado, que determinó la nulidad de unas pruebas practicadas, al haberse superado el plazo legal para investigar.

La existencia de una causa judicial abierta en el juzgado de Caravaca de la Cruz por el presunto cobro ilegal de más de 600.000 euros de las arcas públicas desmiente la explicación ofrecida a 'La Verdad' este miércoles por el propio García Navarro -y avalada por el presidente del Consejo de la Transparencia, José Molina-, de que cualquier asunto judicial o administrativo en el que pudiera haberse visto envuelto estaba cerrado y pertenecía al pasado. De ahí que asegurara que no existía impedimento legal o moral alguno para desempeñar tal responsabilidad.