Una juez indaga si la Comunidad delinquió con las órdenes de veda

El Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia ha abierto diligencias previas para investigar si altos cargos y funcionarios de la Comunidad Autónoma pudieron cometer un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, vinculado a la publicación de las órdenes de veda para la caza en los años 2019 y 2020. La apertura de esta causa judicial tiene su origen en la denuncia presentada por las organizaciones Anse y Ecologistas en Acción, que alertaron de que las resoluciones de la Administración regional se habían adoptado sin una previa evaluación de impacto ambiental, pese a las supuestas advertencias que en ese sentido habían hecho los servicios jurídicos autonómicos.

La denuncia de las organizaciones ecologistas se dirige contra los consejeros Antonio Luengo y Javier Celdrán, ambos en su respectiva condición de titular y antiguo responsable de la cartera de Medio Ambiente, y contra el director general de Medio Ambiente, Francisco Marín, a quienes se atribuye la comisión de supuestas irregularidades en la tramitación de esa normativa sobre la actividad cinegética. En su día, la Administración regional ya señaló que las órdenes de veda se habían aprobado con los dictámenes pertinentes y vinculante y que no era necesario contar con la evaluación de impacto ambiental.

En su resolución, la magistrada María Dolores García Navarro se limita reseñar que los hechos relatados por Anse y Ecologistas en Acción revisten caracteres que, de manera muy indiciaria, serían constitutivas de un delito contra el medio ambiente, y pide a la Fiscalía Superior de la Región que se pronuncie acerca de lo que corresponde hacer a partir de este momento. Muy concretamente, la juez reclama al Ministerio Público que se pronuncie sobre si este asunto debe ser remitido a la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), que sería el único órgano con competencias para actuar contra los dos consejeros debido a su condición de aforados

Será a partir de que ese informe cuando la magistrada decida si inicia la tramitación de la causa o la remite al TSJRM.

La denuncia a la que ha dado origen la orden de vedas 2020-2021 (al igual que la orden de vedas 2019-2020) fue publicada sin someterla a una adecuada Evaluación de Repercusiones sobre la Red Natura 2000, tal y como establecía el Decreto 55/2015 (Plan de Gestión del Noroeste).

De hecho, Anse requirió a finales de mayo el expediente completo «y se pudo comprobar que, tanto la ausencia de evaluación como la ilegalidad de la orden de vedas, habían sido puestas de manifiesto en los informes jurídicos». Con posterioridad, el director general de Medio Ambiente dictó el 10 de junio el informe de impacto ambiental «a posteriori», para después convocar de urgencia un nuevo Consejo Asesor de Caza y Pesca «con la intención de dar el 'cambiazo' a la orden irregular».