Un juzgado imputa al comisario de la CHS por la desecación del río Turrilla en Lorca

García Garay y otro directivo declararán por su presunta pasividad ante la captación irregular de caudales para granjas por parte de una empresa

José Alberto González

Murcia

Sábado, 16 de septiembre 2023, 07:14 | Actualizado 10:30h.

El saqueo masivo de agua que sufre la comarca del Guadalentín, con extracciones ilegales para la agricultura, la ganadería y hasta el riego de un ... campo de golf denunciadas por el Seprona y diversas entidades en parajes como la rambla de Ramonete, a la altura de Mazarrón, y la Sierra de Almenara, dentro del municipio de Águilas, ha puesto ya bajo sospecha judicial al organismo encargado de evitar el robo de este recurso y los daños al medio ambiente: la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). Dentro de una investigación sobre la desecación del lorquino río Turrilla, como consecuencia presuntamente de la captación irregular de caudales por parte de la empresa ganadera Explotaciones Francés SL, el Juzgado de Instrucción 7 de Lorca ha citado como imputados al comisario de aguas de la CHS, Francisco Javier García Garay, y al jefe de servicio de Policías de Aguas, José Manuel Ruiz. También ha sido citado como testigo un guarda fluvial. Ya estaban imputados la empresa y su propietario, Fernando Francés.

Los directivos de la Confederación, que pertenece al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), deberán comparecer el 4 de marzo de 2024 como investigados, en unas diligencias por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Según ha sabido LA VERDAD, el instructor les ha citado para aclarar su participación en unos hechos denunciados por Ecologistas en Acción, que atribuye a la CHS una «responsabilidad indirecta» por omisión. Sostiene que, desde al menos el año 2019, la mercantil ha obtenido un volumen de agua «incalculable» y causado graves daños al ecosistema.

Ecologistas en Acción denunció la realización de obras en el cauce para retener el agua y llevarla a cebaderos 24 horas al día

En 2021, la asociación llevó al juzgado a la mercantil y a la CHS, a la que acusó de obviar varias denuncias suyas y una del Seprona y no adoptar «las medidas necesarias». Ecologistas advirtió sobre la construcción de un dique de retención en el río; la derivación de las aguas a una balsa, con gomas y una arqueta; el envío de los caudales a «múltiples pantanos» de la zona de La Paca; y el suministro a granjas de porcino.

Casi sin vegetación

Además, la asociación avisó del «cambio drástico» en el ecosistema fluvial, al haberse provocado «que la vegetación decrezca hasta casi desaparecer» y haberse «puesto en peligro la misma existencia del río Turrilla».

El juzgado ha recabado indicios de que la mercantil abusó de una concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas (que bajan desde un manantial de Coy conectado al Acuífero Bullas). El permiso de la CHS, para 50 años, fija un uso máximo de 126.120 metros cúbicos al año por parte de esa sociedad y de una particular para el riego de 286 hectáreas de cultivos de cereal, vid y olivo y para 5 granjas: cuatro con 6.600 cabezas de cerda con su camada y una con 1.800 cabezas de ovino y caprino. Sin embargo, Ecologistas calculó que, con sus infraestructuras clandestinas, que funcionan «las 24 horas del día», la empresa habría bombeado como mínimo 275.000 metros cúbicos anuales. Es más del doble del tope autorizado.

En la causa consta que, desde el año 2014 hasta al menos el 2022, la CHS exigió a los concesionarios desmantelar las instalaciones irregulares e instalar un contador para el «control efectivo» de las aguas. La CHS declinó ayer informar de su gestión en este asunto y de la situación actual del río. Alegó que se trata de «una causa judicializada». A pesar de los intentos por teléfono, no fue posible recabar la versión de la empresa y de su defensa.