El juzgado espera 7 años un informe policial sobre un presunto fraude en la desaladora de Escombreras

En concreto, el 25 de octubre, la fiscal del caso pidió a la titular del juzgado de Instrucción 1 de Cartagena «que se requiera al Grupo de Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales (Grupo 3) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Murcia para que remita, sin dilación, la información requerida, precisa para la continuación del procedimiento». Aludió así a un informe solicitado por el juzgado en el año 2017 y que la Policía entregó, de manera parcial, en febrero de 2019. En ese momento, este cuerpo pidió más tiempo para completar el trabajo y alegó que sufría una «notable carga de trabajo». Y, posteriormente, tanto la ex fiscal jefa de Área de Cartagena, Carmen de la Fuente, como el actual responsable de esta sección, David Campayo, realizaron gestiones para reclamar la entrega del documento, en el que los agentes debían analizar el contenido de un disco duro con un terabyte de información sobre la supuesta existencia de una 'caja b' en la planta desaladora de la Comunidad y de una trama dedicada a imputar falsos gastos para cobrar subvenciones de la Administración entre los años 2007 y 2016.

A preguntas de LA VERDAD, fuentes policiales aseguraron ayer que el informe completo fue remitido al juzgado en mayo de este año y apuntaron a una posible confusión suscitada por el hecho de que en 2020 se abrió una pieza separada sobre esta causa penal, a la vista de las acusaciones vertidas contra Tedagua por un exempleado de la desaladora.

Tras verse imputado por el presunto cobro de comisiones ilegales a proveedores, para garantizarles trabajo en la planta, el extrabajador decidió tirar de la manta. El empleado, que fue detenido tras la difusión de un vídeo en el que se le veía contando billetes tras el supuesto pago de un empresario autónomo, dio a las autoridades una enorme cantidad de archivos y documentos digitales sobre la gestión de Tedagua (que hasta 2021 perteneció al grupo ACS a través de Cobra).

El denunciante, que negó haberse enriquecido con mordidas y que se limitó a seguir las instrucciones de sus superiores en la desaladora y en la empresa, entregó correos electrónicos y otros datos que probarían que Tedagua burló los controles del Ente Público del Agua (EPA) de la Comunidad y que, incluso, contó con la connivencia de funcionarios autonómicos a cambio de regalos y otras compensaciones. Según el extrabajador, que tenía tareas administrativas y ayudó a la Policía a analizar la información, el dinero se habría desviado, entre otros fines, a desaladoras de la compañía en Badajoz, Rumanía, Argelia y Túnez, y se falseó la justificación del uso del dinero.

Este viernes, tras una consulta de este diario, la Fiscalía confirmó que el informe policial está en el juzgado y señaló que se interesará por los motivos por los que no le constaba como notificado ni a ella ni a las otras partes del procedimiento.

El fiscal jefe de Cartagena afirmó ser consciente de la «falta de medios materiales y humanos que afecta, de manera general, a la Administración de Justicia y a los cuerpos policiales que le dan auxilio». Pero considera que el retraso de siete años en la entrega del informe por la Policía es «excesivo e injustificable, máxime en un asunto de presunta corrupción y de esta relevancia».

A finales de octubre, Bernardino Guillén García, abogado del extrabajador, pidió al juzgado que reclamara a la Policía la entrega del informe. En su escrito, solicitó un «impulso procesal al presente procedimiento», ante lo que calificó de «incomprensible quietud por parte del Ministerio Fiscal, una vez que tuvo y tiene constancia» por parte de la Brigada Provincial Judicial de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia «del amplio abanico de presuntos delitos, entre ellos contra la administración pública, de obtención de subvenciones indebidas y de falsedades».

Este procedimiento es distinto al 'caso La Sal', en el que se investiga a ocho empresas y diecisiete personas, entre ellas el exconsejero autonómico Antonio Cerdá, por presuntas irregularidades en la construcción y explotación de la desaladora, cuyo coste pasó de 175 millones de euros a 600 millones. En una pieza separada, será juzgado en 2027 el expresidente de la Comunidad Ramón Luis Valcárcel. La Fiscalía pide para él once años y medio de prisión por presunta prevaricación continuada, fraude continuado y malversación.