Un juzgado descarta una infracción penal de la Comunidad por la Balsa Jenny

Y ahora, el Juzgado de Instrucción 2 de Cartagena ha dictado un auto en el que da carpetazo provisional a otras diligencias penales, al no hallar signos de un delito contra el medio ambiente por parte de la Consejería en su gestión del solar que acogió los residuos antes de su traslado al citado vertedero, una parcela de la que es propietaria la Comunidad Autónoma. El auto, fechado el 24 de octubre y al que ha accedido LA VERDAD, puede recurrirse ante el juzgado y ante la Audiencia Provincial.

En su auto, fechado el 14 de octubre, la magistrada María Pascual Hernández concluye que la Dirección General de Medio Ambiente no es responsable de los vertidos contaminantes desde esa parcela hacia el pueblo y la cuenca vertiente del Mar Menor. Señala que la Consejería, que dirige Juan María Vázquez, ha tomado las medidas necesarias para resolver los problemas de impermeabilización, ante las denuncias de Ecologistas en Acción, que ejerce la acusación particular en esta causa, y de la Fiscalía; las inspecciones del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona); y la orden de sellado urgente adoptada en 2022 por el Juzgado de Instrucción 4 de Cartagena, que llevo el caso antes.

La instructora no halla en la Comunidad una «conducta activa de causación de riesgo penalmente relevante», ni una omisión. «No existe indicio alguno que la Dirección General del Medio Ambiente haya permanecido pasiva, de manera que con ello se haya podido crear o incrementar riesgo alguno», argumenta.

Al contrario, «en los últimos cinco años se han llevado a cabo actuaciones y adoptado medidas tendentes a evitar que el riesgo potencial que representa la Balsa Jenny puedan cristalizar en un peligro concreto o en un resultado lesivo». «De no haber sido así, nada habría impedido a la Guardia Civil hacerlo constar en sus distintas diligencias», razona la jueza. Y asegura que «no se aprecia por la Guardia Civil, ni se plasma en el atestado» de 2022, «la existencia de indicios mínimos de la posible comisión de hecho delictivo alguno». Según la magistrada, el Seprona actuó «limitándose a realizar una serie de propuestas respecto de la balsa», pero en su atestado «ni se denuncia, ni se señalan indicios de hecho delictivo» alguno. La lectura de las diligencias (derivadas desde Instrucción 4 por decisión de la Audiencia) le lleva a la firme convicción de que no hay infracción de «disposiciones legales y reglamentarias protectoras del medio ambiente y de la salud de las personas susceptible de ocasionar un peligro potencial o virtual». No ve dolo (actuación o una omisión consciente) ni imprudencia.

La magistrada apunta que, desde 2018, Medio Ambiente ha realizado «actuaciones de seguimiento del estado de los terrenos», y que en 2022 ejecutó obras de contención de las escorrentías; en concreto, un sistema de filtro activo de carbonato cálcico, «a modo de barrera reactiva en el perímetro» de la parcela. Cumplió, así, con una orden del titular del Juzgado de Instrucción 4, Raúl Sánchez Conesa, de la que discrepa abiertamente así: «Imponer, en los términos que se hizo, este sistema no era proporcionado».

Es más, la jueza expone su convicción de que, a tenor de los escritos de la Benemérita (que cuestionó la ejecución correcta de las obras por parte de la Comunidad), no puede hablarse de un vínculo directo y exclusivo entre estos vertidos y los riesgos denunciados. Recuerda que la Sierra de Cartagena y La Unión está contaminada por residuos mineros. Y remata: no ha «quedado mínimamente acreditado que sea la existencia de dicho depósito y su sellado la causa directa y exclusiva de crear una situación de peligro grave».