El TSJ de la Región aprueba un plan de desescalada con ocho bloques de actuación

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia aprobó en su reunión extraordinaria de este viernes el Plan de Desescalada y Reactivación, asumiendo las cuatro fases establecidas por el Ministerio de Justicia. Las actuaciones que se acometerán están divididas en ocho componentes o ámbitos que se han identificado como críticos: incorporación progresiva de recursos humanos, acondicionamiento de sedes judiciales, gestión de agendas y actuaciones procesales, atención al público y profesionales, análisis estadístico y alerta temprana, colegiación de esfuerzos y coordinación, fomento del teletrabajo y de actuaciones judiciales por videoconferencia móvil y gestión de casos positivos o sospechosos.

De forma previa, la Sala de Gobierno matiza que la planificación de la reactivación de la actividad judicial exigiría tener certeza sobre tres extremos que aún son una incógnita: la duración final de cada una de las fases previstas; la fecha exacta del alzamiento de la suspensión de los plazos y términos procesales, legalmente vinculada al mantenimiento del actual Estado de alarma; y la fecha exacta de levantamiento de la suspensión generalizada de las actuaciones judiciales programadas en todo el territorio nacional, que decide el Consejo General del Poder Judicial.

Ante la imposibilidad de despejar dichas incógnitas, la Sala de Gobierno decidió fijar el 10 de junio como el momento en que podría producirse el alzamiento de la suspensión de plazos y términos procesales vinculados a la vigencia del estado de alarma. Es decir, ese día podría iniciarse la celebración de las actuaciones que ya estuvieran programadas en las agendas judiciales con anterioridad al inicio del estado de alarma. Así, cualquier retraso sobre esa fecha perjudicaría a las actuaciones programadas en el período temporal afectado por el retraso, pero no afectaría a las actuaciones ya realizadas de preparación de la organización para la reactivación de la actividad.

Tal como establece la Resolución de la Secretaría de Gobierno TSJMU de 11 de mayo de 2020, en la Fase 1 se incorporaron el 35% de los funcionarios (el 100% en el caso de Registros Civiles), bien presencial, con un mínimo del 50%, bien telemáticamente. Tanto en el caso de los magistrados y letrados como en de los fiscales, estos asumen actualmente el servicio en su órgano de destino, en la modalidad presencial o de trabajo telemático, pero siempre con completa disponibilidad.

De acuerdo a la normativa nacional, en la Fase 2 acudirán a cada centro de trabajo entre un 60% y un 70% de los efectivos que presten servicio en ellos, en turnos de mañana y tarde. Y, en esta etapa, el plan regional establece que los responsables en cada partido judicial remitan las propuestas de refuerzo puntuales o planes especiales de refuerzo necesarias.

También se contempla un sistema de movilidad funcional de letrados de la Administración de Justicia y funcionarios para realizar labores de apoyo complementario en unidades con volumen de entrada crítico. La asignación será bien dentro del mismo centro destino, bien, en su caso, dentro del mismo municipio y que pertenezcan al mismo orden jurisdiccional.

En la Fase 3 ya acudirán a cada centro de trabajo el 100% de los efectivos que presten servicio en ellos, en turnos de mañana y tarde, si así se establece. Por último, en la denominada 'nueva normalidad' se asignan y actualizan destinos a los equipos de apoyo otorgados por el Ministerio de Justicia. Y se contempla la posibilidad de sustitución y refuerzo por letrados de la Administración de Justicia en prácticas.

El plan contempla como uno de los aspectos críticos en el proceso de desescalada el acondicionamiento y adaptación de las sedes judiciales de la Región a las medidas de seguridad y prevención establecidas por las instancias competentes.

Es decir, se deberá garantizar la seguridad y salud a través de las normas de seguridad y prevención aplicables. En concreto, se han establecido por la Administración competente servicios reforzados de limpieza. Para la Fase 2 se establece además un plan de limpieza y desinfección de salas de vistas entre juicios, adaptado a cada sede judicial y de acuerdo a la programación de señalamientos.

El documento contempla la necesidad de extremar las medidas para que las vistas y demás actos procesales se celebren conforme a las prevenciones y recomendaciones fijadas por el Ministerio de Sanidad, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia.

Cumplido lo anterior, se procurará la máxima optimización de los días, turnos y salas asignados a cada órgano o dependencia. Para ello, se fomentará el uso de medios telemáticos en la medida en que lo aconsejen las circunstancias de la actuación a realizar y previa decisión en tal sentido del titular del órgano o dependencia. El plan sugiere utilizar la intercalación de actuaciones presenciales y telemáticas como medio adecuado para evitar la concentración inadecuada de personas en un mismo espacio físico.

En cuanto a los criterios para la programación de agendas se establece que se priorizará la celebración de las actuaciones programadas cuya fecha sea posterior al alzamiento de la suspensión. Además, las actuaciones suspendidas durante el estado de alarma se volverán a señalar en la fecha más próxima posible, tras el levantamiento de la suspensión. Por último, en cuanto a las actuaciones en procedimientos de nuevo ingreso que tengan señalado carácter prioritario, se procurará su señalamiento tan pronto alcancen el estado procesal procedente, utilizando los huecos disponibles en las agendas.

Paralelamente, durante la Fase 1 las oficinas procederán a la revisión generalizada de señalamientos realizados con anterioridad a la declaración del estado de alarma. La Audiencia Provincial establecerá un protocolo específico de gestión de señalamientos en causas por jurado. Además, indica la conveniencia de activación del protocolo de conformidades firmado entre el Consejo General de la Abogacía y la Fiscalía General del Estado.

Y en la Fase 3 se procederá a la celebración ordinaria de actuaciones programadas, sin excepciones. Además, se prevé el cierre definitivo de agendas de señalamientos del mes de agosto antes del 1 de julio, con el objetivo de permitir a los profesionales la planificación de sus vacaciones. Finalmente, en la 'nueva normalidad' se retorna a la situación de funcionamiento anterior a la declaración del estado de alarma.

Con la declaración del estado de alarma y las limitaciones de acceso a las sedes judiciales se organizó un sistema de atención al público y profesionales a través de correo electrónico. Se prescinde así, salvo en procedimientos esenciales, de la atención presencial y las peticiones de información en la sede, que se podrán dirigir a la cuenta de correo corporativo que tiene cada órgano judicial, y que está publicado en la página web.

Hasta la vuelta a la normalidad, se establece la exigencia de que el público en general solo pueda acceder al edificio en caso de citación, convocatoria o cita previa (a excepción de los juzgados de guardia o similar). Con carácter general, solo se permitirá el acceso a las personas citadas, no a sus acompañantes o familiares, salvo en los casos en que se requiera.

Según las indicaciones del Ministerio de Justicia, es responsabilidad de cada ciudadano y de los profesionales externos acudir a las sedes judiciales con sus propios medios de protección (mascarilla y guantes). En cuanto a los Registros Civiles, el plan establece que se procurará la organización de un sistema de cita previa informática o telefónica, que permita solicitar cita previa de forma íntegramente electrónica para todo tipo de trámites presenciales.

Se han creado redes locales de alerta temprana que centralizan la información en un equipo permanente al que se ha dado acceso a la herramienta «cuadro de mandos». Su objetivo es elaborar informes semanales que permita contar en tiempo real con un sistema comparado de entrada de asuntos a través de la recopilación y análisis permanente de los datos estadísticos, para la reasignación de efectivos fundada en datos, así como informar a los operadores jurídicos internos y externos a la organización sobre la evolución de litigiosidad a partir de la crisis de la Covid-19.

Además, se han constituido doce grupos de trabajo mixtos con presencia de miembros de la Carrera Judicial, Carrera Fiscal, Cuerpo de Letrados Administración de Justicia y funcionarios de los Cuerpos de Gestión y Tramitación Procesal, Abogacía del Estado, Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma y profesionales de los colegios de abogados, procuradores, graduados sociales y economistas (más de 140 profesionales). Todos ellos han facilitado primera tanda de propuestas el 7/5/20 que han sido tenidas en cuenta para la redacción del presente Plan de Desescalada y Reactivación de la Actividad Judicial.

La mayor parte de dichos grupos de trabajo continuarán activos más allá de esa fecha para presentar propuestas periódicamente en el futuro. En la misma línea de aunar esfuerzos, se puso en marcha una nueva iniciativa con el objetivo de fomentar la unificación de criterios y establecimiento de buenas prácticas en cuestiones jurídicas y procesales relacionadas con la crisis sanitaria y sus implicaciones en la Administración de Justicia. Sus resultados se ofrecen en la web del Poder Judicial.

Desde el inicio de la crisis, el TSJMU, a través de la Secretaría de Gobierno y la SGNTJ del MJU, identificó la necesidad de sondear las posibilidades de teletrabajo para los funcionarios de los Cuerpos de Gestión y Tramitación Procesal, así como para incrementar las que ya disponían los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal y del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.

A tal fin, se ha dotado a cada juez, magistrado, fiscal y letrado de una sala virtual de videoconferencia. Además, en el seno de la Comisión Provincial de Coordinación de Policía Judicial, se aprobó el Protocolo para la declaración en dependencia policiales y judiciales de detenidos e investigados durante el estado de alarma derivado de la Covid-19.

Igualmente, se ha creado una Sala de Videoconferencia móvil por cada Juzgado de Guardia en los 11 partidos judiciales de la Región y se ha interesado para los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, si bien está pendiente en estos momentos de instalación. A este respecto, el plan contempla para la Fase 3 que los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y demás actuaciones procesales podrán realizarse en modalidad telemática, en la medida en que lo permitan las circunstancias de cada caso y siempre a decisión del titular del órgano o dependencia.

Por último, el plan recoge la Guía de recomendaciones en caso de positivo de coronavirus en sedes o personal de la Administración de Justicia. Así, un primer borrador elaborado en el ámbito de la Presidencia y Secretaría de Gobierno fue objeto de revisión por la Sala de Gobierno, la Fiscalía Superior, el Instituto de Medicina Legal y la Gerencia de Justicia, y consultado posteriormente por la Comisión Judicial de Seguimiento del COVID-19, las juntas y reuniones de jueces y magistrados, las juntas de letrados de Justicia y los colegios profesionales de abogados, procuradores y graduados sociales de la Región.