La Justicia desestima investigar una denuncia del abogado José Luis Mazón contra Miras y los tránsfugas

La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, en auto notificado este miércoles, inadmite la denuncia por cohecho interpuesta por la formación política Contrapoder, representada por el abogado José Luis Mazón, contra Fernando López Miras. La resolución destaca la importancia del auto de admisión a trámite de una denuncia o querella y concluye que no debe recaer sobre nadie «la incoación y seguimiento de un proceso penal sobre presupuestos infundados» pues el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en la Constitución, continúa, «no solo abarca la vertiente del acceso a la jurisdicción, sino también la protección de todos los ciudadanos contra acusaciones carentes de justificación».

Considera la juez que se trata de una «imputación meramente formal, en la que quien denuncia se limita a afirmar la existencia del delito sin apoyo de ningún indicio o evidencia que avale razonablemente su realidad y las razones de conocimiento por el denunciante de los hechos delictivos que atribuye». La resolución no es firme y contra ella cabe recurso de reforma y apelación.

La formación política Contrapoder, representada por el abogado José Luis Mazón, presentó el pasado 18 de marzo en el juzgado de guardia una denuncia en la que acusaba a López Miras y a los parlamentarios naranjas Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez de los supuestos delitos de cohecho y corrupción entre particulares, al estimar que existía una «compra de voluntades» del primero hacia los otros, a quienes se refiere como «los tránsfugas, corrompidos o vendidos», y que «el precio ha sido una consejería en el Gobierno regional por cabeza».

Esta denuncia es similar a la querella que presentó este martes el PSOE contra el presidente de la Región y los tres diputados de Ciudadanos que hicieron descarrilar la moción de censura en la Región: Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez, además del consejero de Transparencia. Participación y Administración Pública, Antonio Sánchez Lorente. Según los socialistas, en esta operación política que frustró el cambio de gobierno en la Región después de 26 años pudieron cometerse los delitos de cohecho activo propio, cohecho pasivo impropio y prevaricación administrativa.

Concretamente, los servicios jurídicos del PSOE nacional observan un presunto cohecho, tanto por parte del presidente como de los cuatro dirigentes de Ciudadanos, por entender que, al ser nombrados estos como consejeros tras el pacto alcanzado con el PP el 12 de marzo, recibieron una recompensa por cambiar de postura respecto a la moción de censura que inicialmente habían firmado y respaldado. También observan posible prevaricación por parte del jefe del Ejecutivo regional. A este le acusan de haber utilizado la atribución que le concede su cargo para nombrar y destituir consejeros en beneficio propio, con el objetivo de «conseguir su voto», lo cual entraría «en el campo indudable de la arbitrariedad».