Una juez investiga si la alcaldesa de Jumilla prevaricó con unas contrataciones del Teatro Vico

La querella que ha dado origen a estas diligencias, que impulsa el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Jumilla, fue interpuesta el pasado septiembre por los nueve ediles del Grupo Municipal Popular a través del letrado José Antonio Izquierdo.

Según su relato, todo el asunto arranca en marzo de 2019, cuando el jefe del Servicio de Cultura, Andrés M. D., y la concejal de Cultura, María Pilar Martínez Monreal, presentan en Contratación tres propuestas de contratación de otros tantos grupo de teatro, señalando que el pago consistirá en una cantidad fija y el 100% de lo recaudado en taquillas. La junta de Gobierno Local rechazó esa propuesta, al no existir crédito suficiente para afrontar el gasto, por lo que se devolvieron al Servicio de Cultura. En un informe de Intervención-Tesorería, se hizo constar que la irregularidad fue puesta de relieve a la alcaldesa, quien, además, presidía la Junta de Gobierno.

Pese al rechazo de esas contrataciones, las actuaciones se llevaron a cabo en las fechas fijadas, en apariencia por voluntad de la concejal de Cultura, con lo que se habría ordenado la ejecución de un gasto a sabiendas de que no existía crédito presupuestario y habiéndose obviado el procedimiento legal de contratación.

El 25 de abril siguiente, la funcionaria responsable de la taquilla, Natalia P. B., presentó en Intervención-Tesorería las hojas de taquilla de las tres funciones, en las que se hacía constar una 'Diligencia de entrega de dinero en efectivo', con el detalle de los abonos: por la actuación 'Noche de Copla', 3.415 euros; por 'Comandante Lara&Cia', 3.458 euros; y por 'Volvió una noche', 2.838 euros.

Según esa documentación, el dinero de la recaudación fue entregado directamente a los grupos dramáticos el mismo día en que actuaron, «sin ser depositado en la cuenta municipal correspondiente, para que sea la Tesorería la que ordene los pagos».

Con posterioridad, además, se presentaron en el Registro de Facturas las correspondientes a dichas obras, constando que iban 'Sin código de autorización'.

Fue en ese momento, al tener conocimiento de lo ocurrido, cuando la Intervención y la Tesorería, de manera conjunta, requirieron en apariencia a la taquillera y al jefe de Cultura para que en cinco días presentaran un informe sobre esos hechos, además de instarles a ingresar de inmediato en la cuenta municipal el importe de las recaudaciones. Así lo hicieron poco después las productoras de los espectáculos.

En su informe, la taquillera hizo constar que, en estos asuntos, siempre ha seguido las órdenes del responsable de programación del Teatro, quien le habría indicado que las instrucciones contaban con el beneplácito del jefe y de la concejal de Cultura. Y habría añadido que, verbalmente, se le dio la orden de cambiar el procedimiento de pago, utilizando el dinero en efectivo de las taquillas para solventar el problema de liquidez mencionado y para salvar los tres abonos comprometidos.

Todos estos hechos, por su «gravedad», habrían sido puestos en conocimiento de la alcaldesa Guardiola, quien habría hecho «caso omiso». Y cuando los tres grupos presentaron formalmente las facturas definitivas por su actuación, la Intervención les puso reparos «por no corresponderse con gastos previamente aprobados y comprometidos por insuficiencia de crédito presupuestario».

El Grupo Municipal Socialista salvó el problema levantando los reparos en Pleno con sus votos.

La magistrada Alba Robles dictó un auto el pasado 3 de marzo en el que afirmaba que se aprecian indicios de un delito de prevaricación y que procedía tomar declaración en calidad de investigados a la alcaldesa, la concejal de Cultura y el jefe del servicio y la taquillera.

Fuentes próximas al procedimiento han señalado que, en los últimos días, han comparecido todos ellos en el juzgado, asistidos por sus respectivos abogados.

Juana Guardiola reconoció que la tesorera le había informado de la presunta irregularidad cometida y que ella, además de preguntar si la situación era subsanable, habría señalado que se tenía que devolver ese dinero. Añadió que en ningún momento intervino en la contratación y que, una vez restituido el dinero, ya todo se hizo conforme al procedimiento.