Juicio al 'Prestige de la basura'

La Audiencia Provincial de Murcia aceptó hace solo unos días la petición de inimputabilidad presentada por los letrados Mariano Bó y Pablo Martínez, que se encargan de la defensa de Fenoll. Una solicitud que fue apoyada por el fiscal en base al informe emitido por el médico forense. El empresario afrontaba, junto a sus hermanos, penas de hasta seis años y medio de cárcel por un presunto delito medioambiental que, sostiene el fiscal, afectó a parajes protegidos con daños a la fauna y la flora de la zona, en algunos casos «irreversibles».

El tribunal cuenta con una quincena de sesiones para bucear en la actividad que desarrolló la planta de tratamiento de residuos de Proambiente, que echó a andar en 1998 de la mano de Ángel Fenoll. Un polémico vertedero, enmarcado entre Abanilla y la pedanía oriolana de La Murada, cuya gestión disparó la indignación de los vecinos, dio pie a sanciones millonarias y obligó, incluso, a declarar como imputados a varios ex altos cargos del Gobierno regional.

La planta, según explica el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, se hallaba muy cerca del espacio natural protegido de la sierra de Abanilla, que era Lugar de Interés Comunitario (LIC) y contaba con una zona de especial protección para las aves (ZEPA). Un enclave, hábitat, entre otros, del cantueso murciano y del búho real, que se vio invadido y alterado por los supuestos tejemanejes que se realizaban en el vertedero. Las catas en el suelo instadas desde uno y otro juzgado, en un caso en terrenos situados en el término de Abanilla –en torno al barrio de Los Carrillos– y en otro caso en la zona de La Murada, ya en territorio alicantino, ofrecieron pruebas de esas prácticas supuestamente irregulares.

La empresa contaba con autorizaciones para realizar vertidos controlados de basura en unas zonas concretas –denominadas vasos 1, 2 y 3– que quedaban fuera del LIC. En su escrito, el Ministerio Público sostiene, sin embargo, que los acusados no cumplieron esos límites «excediéndose con creces en lo autorizado en los vertidos e invadiendo en gran medida el citado LIC». Además, supuestamente sin contar con permiso alguno realizaron otros dos vasos –los 4 y 5– en los que seguir enterrando toneladas y toneladas de basura.

Esa gestión, subraya la Fiscalía, supuso «un grave riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales y la salud de las personas, derivados del establecimiento de depósitos en cantidades que superan los volúmenes autorizados y en zonas no autorizadas». La acusación estatal señala que los vertidos de cerca de 100.000 toneladas de residuos sin tratar han afectado a alrededor de 40 hectáreas de zonas protegidas medioambientalmente en la sierra de Abanilla.

A lo largo de los 23 folios de su documento acusador, el fiscal desgrana los inicios de Proambiente y como sus instalaciones pronto se les quedaron cortas. El vaso inicial lo colmataron en el año 2002 y sin embargo hasta 2007 siguieron supuestamente vertiendo residuos sin tratamiento «sobre la coronación del vaso inicial (10.800 toneladas métricas)». La superficie de dicho vaso fue ampliada de los 17.450 metros cuadrados autorizados inicialmente por la Comunidad hasta los 29.000 metros.

Tampoco fue suficiente con ello para la mercantil de los Fenoll, ya que paralelamente excedió los límites de los vasos 1, 2 y 3. Para los dos primeros había una superficie autorizada de 33.413 metros y llegaron a sumar la friolera de 51.000.

Las mediciones tampoco cuadraron para el vaso 3, que presuntamente contaba con alrededor de 39.000 metros pese a tener solo 17.600 autorizados. En 2008, «sin obtener preceptiva licencia administrativa», realizaron un gran surco en la tierra, dentro de la zona LIC de la sierra, que acogería el vaso 4.

Las inspecciones realizadas, en enero y mayo de 2011, por agentes del Servicio de Protección de la naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil e inspectores medioambientales destaparon el vaso 5 que, explica el fiscal, resultó ser «un gran surco fruto de la extracción de zahorra y arcillas». Otra ampliación del vertedero para la que, remarca la acusación estatal, tampoco contaban con autorización ni evaluación ambiental.

Esas actividades extractivas dentro del LIC Sierra de Abanilla se desarrollaron presuntamente sin algunas medidas de seguridad que se suelen exigir en este tipo de actividades, como pantallas, transporte en vehículos cerrados... El fiscal hace hincapié en que estas prácticas supusieron «un riesgo de contaminación atmosférica, debido a la emisión de partículas». Una realidad que, además, se vio acrecentada por la disposición de los terrenos y generó «un riesgo tanto para la vegetación natural como para los campos de cultivo colindantes por la deposición del polvo generado, pudiendo tener repercusiones en la salud de las personas expuestas».

El Ministerio Público asegura además que el depósito de 50.400 toneladas de basura sin tratamiento previo, cerca del vaso 3, favorecía «una situación que potencialmente puede causar efectos de contaminación sobre el suelo y las aguas subterráneas». El escrito también recoge los episodios de lixiviados y refleja numerosas denuncias de vecinos de Abanilla haciendo constar los malos olores en la zona.

Fenoll estuvo salpicado durante años por el 'caso Brugal' –una de las supuestas tramas de corrupción institucional más relevantes de las descubiertas en las últimas décadas entre Murcia y Alicante–, pero finalmente salió limpio de polvo y paja tras la anulación de numerosas pruebas.

La acusación estatal señala que los vertidos de cerca de 100.000 toneladas de residuos sin tratar han afectado a alrededor de 40 hectáreas de zonas protegidas medioambientalmente en la sierra de Abanilla. El valor de la restauración, según especifica en su informe, es superior a los diez millones y medio de euros. Los investigados contra quienes se dirige el Ministerio Público son los hermanos Ángel, Ramón y José Fenoll, para cada uno de los cuales reclama seis años y medio de prisión, así como el pago de una multa de 27.000 euros. Para otros tres acusados, Ángel Javier Fenoll y los trabajadores de esa planta C. H. y A. L., solicita cinco años y un día de prisión y una multa de 9.000 euros. Reclama además que se les prohíba realizar actividades relacionadas con vertederos.

«Por aquí ya no pasan camiones con basura, pero sigue oliendo a mierda». El expresidente de la Plataforma Interregional a favor de la Salud Medioambiental de la Vega del Segura (Vertivega), Rafael Torá, no se muerde la lengua. Este vecino de la zona afectada por el supuesto delito medioambiental generado en torno al vertedero de Abanilla no tiene demasiadas esperanzas en el resultado del juicio que debe iniciar la Audiencia Provincial este miércoles. «A nosotros lo que pase en el juzgado no nos afecta», recalca. «No queremos cárcel. Queremos respuestas que mejoren nuestra calidad de vida», dice.

Tras las actuaciones de restauración ambiental y los trabajos de extracción de lixiviados que el Ejecutivo regional desplegó en la zona a partir de 2015, la plataforma lamenta que «se han olvidado de realizar labores de mantenimiento». Torá asegura que esa dejación se está dejando notar, por ejemplo, en una brecha de gran tamaño que se ha abierto en uno de los vasos, que contiene toneladas y toneladas de residuos no tratados. Este vecino asegura que también se está produciendo una «emisión de gases bárbara que no se controla».

Rubén Vives, de Ecologistas en Acción, explica que la situación dentro del espacio que ocupaba la planta de Proambiente y la zona que se vio afectada del LIC Sierra de Abanilla está «más o menos controlada» tras la inversión de muchos millones de euros. Sostiene, no obstante, que durante, al menos, tres décadas pervivirán los problemas de emisiones de gases y lixiaviados e incide en la importancia de llevar a cabo labores de mantenimiento en el paraje.

Ecologistas en Acción hace hincapié, además, en la pertinencia de que esa zona, en la que el Ejecutivo regional ha invertido una gran suma procedente del erario público, pase a ser pública.