El juicio al exalcalde de Ceutí por el 'caso Polideportivo' arranca el martes

El juicio por el llamado «caso Polideportivo», cuya investigación arrancó hace más de catorce años para investigar las supuestas ilegalidades en la adjudicación y construcción del complejo deportivo José Antonio Camacho de Ceutí, arrancará este próximo martes en la Audiencia Provincial de Murcia, con el exalcalde socialista Manuel Hurtado como principal encausado. El antiguo edil, que permaneció en el cargo casi tres décadas, afronta una petición de cuatro años de prisión por presuntos delitos de prevaricación, fraude, falsedad documental y fraude de subvenciones. Estará acompañado en el banquillo por tres funcionarios municipales y los dos representantes de la empresa constructora que levantó el complejo deportivo José Antonio Camacho.

Hurtado ya compareció en la sede de la Audiencia Provincial en octubre de 2020, cuando se le ofreció la posibilidad de conformarse con una condena de solo un año y cuatro meses de prisión. Igualmente se le «perdonaba» el pago de una indemnización de 548.150 euros, que tendría que haber abonado de forma solidaria y conjunta con la firma E.C.I. SL, que fue la adjudicataria de los trabajos, aunque esta sí debería abonar 270.000 euros.

El ventajoso acuerdo propuesto por la Fiscalía Anticorrupción obligaba al antiguo alcalde y senador del PSOE a confesarse culpable de haber adjudicado verbalmente las obras del citado polideportivo, en el año 2003, «inobservando a sabiendas todo tipo de procedimiento administrativo», como le atribuye el Ministerio Público. Pero el antiguo alcalde rechazó el acuerdo y esta semana afrontará finalmente el juicio por esos hechos.

El fiscal mantendrá que la contratación del complejo deportivo se fijó en casi 1,9 millones de euros, de forma supuestamente personal entre Hurtado y los representantes de la empresa adjudicataria, «sin que conste expediente alguno de contratación, ni partida presupuestaria alguna, ni peticiones de otras ofertas para conseguir un menor precio, ni fiscalización previa de ningún tipo por parte de la Intervención municipal, ni acuerdo de la Junta de Gobierno Local aprobando el pliego de condiciones, ni copias de publicación en el BORM, ni acto de apertura de plicas, ni ofertas presentadas, ni ficha patrimonial de la parcela, ni acta de replanteo ni de final de obra en 2003».

Fue más tarde, ya «a toro pasado», cuando el entonces alcalde Hurtado ordenó presuntamente a sus funcionarios que tramitaran el expediente de adjudicación de ese contrato, a pesar de que para ese momento las obras ya estaban finalizadas y hasta inauguradas.

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