La jueza de la tragedia de Atalayas amplía la imputación a los dueños de las discotecas incendiadas

La magistrada que instruye el 'caso Atalayas' ha decidido ampliar la imputación a los propietarios de las discotecas Teatre y Fonda Milagros, en Murcia. En una providencia, a la que LA VERDAD ha tenido acceso, la titular del juzgado de Instrucción número tres de Murcia, Ana María Martínez Blázquez, explica que recientemente «se ha constatado de manera indiciaria la existencia de hechos delictivos que podrían dar lugar a la comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores» y cita a declarar nuevamente como investigados a los cuatro principales acusados.

La instructora llama a declarar el próximo 15 de abril a Eva Martínez y Juan Inglés Rojo, supuestos responsables de Teatre; Marco Martínez, exgerente y arrendador de este local; y el gerente de Fonda Milagros, Daniel Ramírez. Todos ellos han desfilado ya ante la magistrada instructora echando balones fuera y arrojándose unos a otros la responsabilidad de la tragedia.

La ampliación de los cargos contra los cuatro principales investigados se produce semanas después de que la magistrada escuchara en declaración a varios trabajadores y clientes de ambas discotecas. Los abogados de las acusaciones particulares -Rosa Egea, Pedro López Graña y Juan Manuel Muñoz-, que representan a familiares de los fallecidos y otros afectados, hicieron hincapié en que todos ellos coincidieron al señalar la falta de medidas de seguridad, como luces de emergencias o sistemas de detección como aspersores, en los locales de ocio. Además, estos testigos también habrían aludido a la falta de formación y de un plan de prevención de riesgos laborales.

La letrada Rosa Egea, que representa los intereses de Ferney Lozano, trabajador de Fonda Milagros, superviviente del incendio, y pareja de Olga Lucrecia, una de las 13 víctimas mortales de la tragedia llevaba más de un año persiguiendo ampliar la instrucción abierta por 13 presuntos delitos de homicidio imprudente a otro delito contra los derechos de los trabajadores.

Egea explicó en una de las comparecencias de su cliente como testigo que había podido comprobar, a través de Inspección de Trabajo, que Olga Lucrecia Nieto, que trabajaba de camarera, y su pareja Ferney, que hacía de animador en la sala, no estaban dados de alta en la Seguridad Social. «Ni mi cliente Ferney, ni Lula, ni otros empleados que estaban de empleados esa noche en Fonda Milagros tenían contrato laboral»

Además, informó que la inspección había tramitado un recargo de prestaciones a los dueños de la discoteca, quienes en su momento defendieron que todos sus empleados tenían los papeles en regla. Lo que reclama, en definitiva, es el aumento de la cuantía de todas las prestaciones económica que derivan del siniestro del que debe hacerse cargo el empresario.

«No han velado por la salud de los trabajadores, por lo que el delito contra el derecho a los trabajadores se podría sumar (como finalmente ha ocurrido) al de homicidio impudente», declaró la letrada.

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