La juez de 'Púnica' pone en cuarentena las explicaciones de Barreiro para exculparse

Pilar Barreiro, exalcaldesa de Cartagena y actual senadora por el PP, va a necesitar algo más que su mera declaración y el apoyo de su colega, el expresidente del partido en Cartagena, Francisco Celdrán, para salir exculpada de las diligencias que instruye el Tribunal Supremo por una de las tramas del 'caso Púnica'. Una resolución dictada la semana pasada por la magistrada Ana Ferrer, de la Sala Segunda del Alto Tribunal, pone de manifiesto que no se ha limitado a dar carta de veracidad a las declaraciones autoexculpatorias realizadas días atrás por la antigua regidora de la ciudad portuaria, y va a efectuar comprobaciones adicionales para establecer hasta qué extremo son o no creíbles sus explicaciones.

Barreiro, quien declaró en calidad de investigada durante unas dos horas, aseguró, por un lado, que los pagos de 4.840 euros que el Ayuntamiento de Cartagena efectuó entre mayo y septiembre de 2014 a empresas de la 'trama Púnica' se correspondían con la contratación de publicidad sobre las fiestas sobre Cartagineses y Romanos y el Tesoro de la Mercedes. De hecho, recordó, fueron facturados como «campaña de publicidad Turismo Cartagena».

Según la Fiscalía, esos trabajos correspondían en realidad a un plan de lavado de la imagen personal de la entonces alcaldesa, cuya reputación pública estaba muy deteriorada por las noticias sobre su presunta implicación en casos de corrupción urbanística.

De otro lado, la hoy senadora manifestó ante la juez Ferrer que era incierto que a posteriori se hubiera puesto de acuerdo con el entonces consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez, para que fuera su departamento el que abonara conjuntamente los trabajos de mejora de la reputación de ambos. Y sostuvo que, en su caso concreto, iba a ser el PP de Cartagena el que asumiera el coste de esa campaña. Celdrán, citado como testigo, aseguró que así iba a ocurrir.

Pero la instructora no se ha quedado satisfecha con esas explicaciones, según demuestra su última iniciativa, que ha consistido en requerir al Consistorio cartagenero para que certifique en qué otros contratos de la Concejalía de Turismo, entre los años 2012 y 2014, intervino quien era el jefe de gabinete de Barreiro, Francisco Ferreño.

El planteamiento de la magistrada resulta tan lógico como evidente. Si realmente lo que se contrató en un primer momento fueron unos meros trabajos publicitarios de la Concejalía de Turismo, ¿por qué no fue el personal de ese departamento el que los gestionó con las empresas de la 'red Púnica'? ¿Por qué fue el jefe de gabinete de la alcaldesa quien se encargó de las negociaciones? De ahí que ahora quiera saber si Ferreño intervino en otros contratos de Turismo o lo hizo solo en este asunto.

De haber ocurrido esto último, este hecho añadiría nuevas sombras de sospecha acerca de la verdadera naturaleza de esos trabajos y, en concreto, de que habrían servido para lavar la imagen personal de Barreiro con dinero público.

Hay que tener en cuenta que esa campaña de supuesta publicidad se contrató en un periódico digital creado 'ex profeso' por los presuntos líderes de esta rama de 'Púnica', Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso, y que se limitaba en apariencia a publicar solo noticias positivas de la alcaldesa. Hasta tal extremo habría sido así, que el periodista contratado para ese asunto fue despedido presuntamente después de colgar en la web una nota desfavorable.

Los delitos que se imputan a Barreiro en esta causa son los de prevaricación continuada, fraude, malversación, cohecho y revelación de información reservada.