El juez prorroga 18 meses más la investigación sobre el 'caso Barraca', que se abrió en 2007

Once años no han sido tiempo suficiente para finalizar la investigación sobre uno de los primeros casos de presunta corrupción abiertos en los juzgados de la Región: el denominado 'Barraca'. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia, Augusto Morales, ha prorrogado por otros 18 meses el plazo legal para concluir las diligencias, con lo que es previsible que no se adopte una decisión final sobre este asunto hasta bien entrado el año 2019.

El auto del magistrado Morales, que acaba de ser notificado a las distintas partes del proceso aunque lleva fecha de octubre de 2017, expone que estas diligencias están calificadas como «causa compleja», lo que permite que el plazo legal de 18 meses que la ley otorga para finalizar la instrucción pueda ser prorrogado en una ocasión por unos meses más, e incluso por otro periodo de año y medio. Fue la Fiscalía Anticorrupción la que el pasado junio, visto el estado de estas diligencias judiciales, reclamó que se prorrogara el periodo de investigación hasta el máximo legal posible.

Ahora, el juez acaba de anunciar la adopción de esa medida, que supondrá previsiblemente que este asunto de corrupción, que arrancó en el año 2007, continúe sin ser concluido al menos durante varios meses más.

El juez deja constancia además en su resolución que incluso ese plazo legal podría llegar a ser incumplido sin que ello tuviera efecto alguno en la tramitación, ya que no supondría «ni el archivo de la causa ni la impunidad de las personas sujetas a investigación judicial». Sí podría traducirse, sin embargo, en que el tribunal que en su día acabara juzgando estos hechos, si es que tal situación acaba por darse, considere que se han producido retrasos no justificados y reduzca las penas por aplicación de la circunstancia atenuante de «dilaciones indebidas».

El 'caso Barraca' investiga una presunta trama de corrupción instalada en la Gerencia de Urbanismo de Murcia, que habría estado liderada por el antiguo jefe de Planeamiento, Joaquín Peñalver. En concreto, se trata de determinar si un grupo de destacados promotores, entre los que se encontrarían José López Rejas y Ramón Salvador Águeda, se benefició de la información privilegiada de la que disponía este alto funcionario por sus responsabilidades en la Gerencia de Urbanismo.