El juez procesa a los dueños de una residencia de Murcia ilegal por estafar y coaccionar a mayores

En el auto, al que LA VERDAD ha tenido acceso, la magistrada explica que este matrimonio constituyó en 2015 la asociación ILE como un «club social para el fomento de la convivencia y la amistad». A partir de ahí, la pareja «actuando de común acuerdo» empezaron a anunciar y ofertar por internet y en vallas la prestación de servicios asistenciales para personas de la tercera edad o enfermas en el local que tenían en el centro de Murcia, concretamente en la calle San Antonio. La jueza destaca que, a partir de 2017, ambos comenzaron a ofrecer servicios solo de residencia y centro de día a varios mayores y enfermos –al menos siete– que ingresaron en el centro bajo la creencia de que iban a recibir servicios asistenciales de carácter facultativo terapéutico. Los familiares de algunos de los ancianos explicaron, en sus declaraciones, que Julián Ramón L. G. se había presentado ante ellos como médico.

Para poder acceder a estas instalaciones, explica el auto, los interesados debían firmar un contrato comprometiéndose a desembolsar 2.500 euros a fondo perdido y una cuota mensual que rondaba los 2.500 euros y que era revisable según las necesidades de asistencia. La jueza pone sobre la mesa, no obstante, los informes del Ejecutivo regional que constataron que el centro no tenía licencia administrativa para prestar servicios de residencia a personas ancianas. Pese a ello, remarca la magistrada, «ofertaban asistencia a partir del citado centro para el que no estaban habilitados».

La instructora considera probado, además, que el matrimonio acompañó a una de las internas, afectada de alzhéimer, a varias notarías en las que la afectada modificó su testamento, otorgó un poder a Manuela E. y nombró a los procesados sus tutores en el caso de que perdiera sus facultades mentales. Además, presuntamente acompañaron a la anciana a varias oficinas bancarias para que sacara 55.000 euros y cancelara un fondo de inversión por importe de otros 40.000 euros del que era titular. En esas mismas fechas, sostiene la instructora, fueron junto con la afectada a un piso que tenía en La Manga, cambiando la cerradura.

La instructora recoge en su escrito, además, que una analítica del cabello de esta anciana reveló que, en los seis meses anteriores, había tomado diversos fármacos, considerados potentes tranquilizantes sin que estos fueran prescritos por facultativo alguno.

Además, la jueza recoge el caso de otra de las usuarias que aseguró que la alimentación en el centro era escasa y mala. Esta interna explicó que, cuando quiso marcharse, le retuvieron sus pertenencias y le dijeron que no se las darían hasta que pagase todo el año.

Una vez concluida la investigación que ha llevado a cabo este órgano, la jueza ha dictado auto de continuación por procedimiento abreviado, que viene a equivaler al procesamiento. Las partes cuentan ahora con diez días para formular sus escritos de acusación, solicitando la apertura de juicio oral, o defensa. En el mismo auto, la magistrada acuerda el sobreseimiento para el hijo del matrimonio, subrayando que no consta su intervención en ninguna de las operaciones ejecutadas. También archiva los cargos contra varios notarios, médicos y abogados que llegaron a estar investigados en este caso.

El letrado Evaristo Llanos, que ejerce la acusación particular en representación de la familia de la principal afectada, mostró su satisfacción por este paso. Alabó, además, la «magnífica fundamentación» del auto de la instructora.