La juez procesa al dueño de Cofrusa por una presunta estafa al Info de 28,5 millones

Joaquín Navarro Salinas, quien durante largos años formó parte de la élite empresarial de la Región como propietario de la conservera Cofrusa, se encamina de forma casi irremisible hacia un juicio por presunta estafa a la Administración regional, y más concretamente al Instituto de Fomento (Info), de 28,5 millones de euros. La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia, Olga Reverte, acaba de dictar auto de procedimiento abreviado contra este industrial y cuatro grandes compañías alimentarias a la que estuvo vinculado, Cofrusa, Halcón Foods, Conservas Fernández y Mediterránea Alimentación, y ha instado a todas las partes del proceso a formular escritos de acusación o de petición de sobreseimiento.

Además del Ministerio Fiscal, que se da por hecho que formulará acusación, lo harán previsiblemente las dos acusaciones privadas personadas en este procedimiento: el propio Info, como principal perjudicado, y la Federación Agroalimentaria de UGT, en representación de un grupo de trabajadores, afectados por la quiebra de varias de estas empresas, que han sido quienes realmente han impulsado este proceso.

Con esta resolución, la magistrada viene a poner término a una investigación judicial que se inició en 2011, pero cuyos hechos se remontan a finales de 2008, cuando uno de los mayores grupos conserveros de la Región, el integrado por Halcón Foods y Conservas Fernández, con fábricas en Campos del Río y Calasparra, respectivamente, se encontraban cercados por las pérdidas y amenazaban con la quiebra.

Esta situación causaba honda preocupación en las administraciones públicas, debido a las graves repercusiones que un eventual cierre de esas fábricas tendría en esas comarcas, con la pérdida de cientos de puesto de trabajo.

Considera la Fiscalía que, aprovechándose de tales circunstancias, el empresario Joaquín Navarro Salinas, que se encontraba al frente del grupo liderado por Cofrusa, «diseñó un plan para enriquecerse ilícitamente mediante la obtención de créditos con diversas entidades financieras», que pretendía conseguir merced a un aval del Info. Y todo ello con la justificación de que todos los fondos obtenidos se destinarían a reflotar Halcón Foods y Conservas Fernández, lo que finalmente no hizo ya que, supuestamente, destinó gran parte de ese dinero a fines bien distintos, como el de sanear sus propias empresas y su particular economía.

Siguiendo tal «propósito fraudulento», como lo califica el Ministerio Público, Navarro Salinas se ofreció a las administraciones públicas para adquirir y salvar las dos conserveras amenazadas de quiebra. Ello le llevó a presentar un plan de viabilidad en el que se comprometía a salvar 550 empleos y a asegurar el futuro de Halcón Foods y Conservas Fernández, siempre que se le concediera financiación por 35,6 millones.

El 3 de abril de 2009 se constituyó la mercantil Mediterránea Alimentación, participada en un 99% por Joaquín Navarro Salinas y en un 1% por Cofrusa, que fue la que unos días más tarde acabó adquiriendo las acciones de Halcón Foods por el simbólico precio de un euro.

Entre los días 9 y 15 de junio de 2009 se acabó presentando en la Comunidad Autónoma el plan de viabilidad que, además de la garantía de conservación de los 550 puestos de trabajo, preveía destinar cuatro millones al pago de indemnizaciones por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), 4,6 millones a capital de trabajo, 9 millones a pagar a proveedores antiguos y 19 millones a refinanciar deuda bancaria.

Igualmente se iban a acometer inversiones por al menos dos millones en la línea de productos derivados del tomate en Calasparra, e inversiones de un mínimo de un millón anual en cada uno de los centros de producción.

En tales circunstancias, el Info otorgó en junio de 2009 un aval de 28,5 millones a Joaquín Navarro Salinas, con el que se cubría el 80% del préstamo mancomunado de 35,6 millones aportados por varias entidades bancarias.

Sin embargo, tal y como se habría demostrado a la largo de la investigación judicial, «gran parte de los fondos no fueron destinados al reflotamiento de la actividad de las fábricas de Campos del Río y Calasparra», que eran las que anteriormente gestionaba el Grupo Halcón, «sino que fueron destinados a otros fines que suponían favorecer los intereses de la empresa Cofrusa». En la práctica, se lamenta la Fiscalía, las instalaciones de Halcón Foods y Conservas Fernández continuaron sin tener prácticamente actividad productiva alguna».

Así, de los cuatro millones que iban a ser destinados al pago de indemnizaciones por ERE, solo se abonaron tres. De los nueve millones previstos para el abono de deudas a proveedores, solo se destinaron 5,6 millones. Pero especialmente sangrante resulta el aparente desvío de 11,9 millones a Cofrusa, «sin que existiera causa alguna para ello», pues no solo Halcón no tenía deuda alguna con esa mercantil, sino que era exactamente al revés: era Cofrusa la que le debía 1,5 millones a Halcón.

En justificación de ese trasvase de fondos, que dejó a la empresas del Grupo Halcón sin posibilidad alguna de alcanzar la ansiada reflotación, se activaron en los meses siguientes algunas operaciones comerciales, como la compra de un importante volumen de productos desde Halcón a Cofrusa. Esto era algo que se hacía, según el Ministerio Público, «en condiciones desfavorables para las empresas del Grupo Halcón y en claro beneficio para Cofrusa». Igualmente se justificó que Cofrusa estaba prestando determinados servicios a la fábricas de Campos del Río y Calasparra, por los que les facturaba, y ello a pesar de que el dudoso contrato se firmó en mayo de 2009, pero con efectos desde el 1 de enero de ese año.

Mucho más llamativo resultó que dos millones de euros, con los que en apariencia se había ampliado el capital social de Mediterránea Alimentación para destinarlos a la reflotación de la firma, acabaron en una imposición bancaria a plazo fijo para el presunto beneficio de Navarro Salinas. Y que otros dos millones del préstamos mancomunado acabaran siendo pignorados en favor del Banco Popular, en garantía por los 10,4 millones que esta entidad había prestado.

Todos estos elementos llevan a la magistrada Reverte a considerar que hay material probatorio suficiente para acusar formalmente de estafa a Joaquín Navarro Salinas y encaminarlo hacia el banquillo, junto a las cuatro mercantiles antes señaladas, pues se abrirá juicio en el momento en que alguna de las acusaciones pública o privadas formule su escrito de calificación provisional.

La instructora ha rechazado por esa misma razón la petición de sobreseimiento de las diligencias formulada por la defensa de Navarro Salinas, que aducía que ni existían evidencias de la comisión de una estafa ni de apropiación indebida, que con la querella presentada por el Info solo se pretendía la resolución de los avales prestados, que no existió engaño alguno, que el destino de todas las operaciones crediticias se conoce y está justificado, y que en los procedimientos concursales contra Cofrusa, Halcón Foods y Conservas Fernández no se ha apreciado nada que resulte delictivo.