La juez de 'Pokemon' no suspende los interrogatorios a exediles de Cartagena

La juez del 'caso Pokemon', María del Pilar de Lara, mantiene vigentes las citaciones para declarar que el pasado enero cursó contra un amplio grupo de antiguos cargos públicos del Ayuntamiento de Cartagena y directivos de la firma Aquagest, a quienes está investigando por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho por los regalos y prebendas que, principalmente en forma de viajes de placer, habrían recibido de la empresa concesionaria del suministro de agua potable. Pese a que, en un auto dictado el pasado marzo, la Audiencia Provincial de Lugo declaró la incompetencia de la magistrada De Lara para seguir instruyendo algunas piezas del 'caso Pokemon', como la referida a la Región de Murcia, no por ello ha dejado sin efecto los llamamientos efectuados contra Agustín Guillén, exconcejal de Hacienda y exvicealcalde; María Ángeles Palacios, exconcejal de Hacienda y exconsejera de Sanidad; José Vicente Albaladejo, exedil de Infraestructuras, y José Cabezos, exedil de Hacienda y antiguo vicealcalde.

Todos ellos deberían prestar declaración en calidad de investigados el próximo lunes, día 7, al igual que los altos responsables de Aquagest en la Región, Luis Rodolfo García Berenguer y José Albaladejo Guillén.

Las defensas de los imputados daban por hecho que la resolución de la Audiencia Provincial de Lugo iba a llevar a la juez De Lara a suspender la práctica de nuevas diligencias sobre el asunto de los viajes de lujo a cargos públicos de Cartagena, pues todo apunta a que la competencia acabará siendo asumida por un juzgado central de la Audiencia Nacional. Pero viendo que la fecha de las comparecencias se aproximaba y la suspensión no se producía, el letrado Francisco Luis Valdés-Albistur Hellín presentó un escrito recordando los términos de la resolución dictada por la Sala de Lugo, que a todas luces parece dejar a la magistrada del 'caso Pokemon' sin atribuciones para seguir impulsando la investigación.

Lejos de ofrecer la respuesta esperada, la instructora ha ratificado las citaciones a los investigados, aduciendo que la Audiencia lucense bien pudo notificar su auto a las distintas partes del procedimiento, pero advirtiendo de que hasta el día de la fecha ella no ha tenido conocimiento formal alguno de la existencia de tal resolución. De forma que, como al cabo de un mes y medio no se le ha notificado oficialmente, estima que no puede darse por enterada y sigue adelante con las diligencias que tenía previsto celebrar.

Esta pieza se abrió a resultas de un informe de Aduanas, que reunió pruebas de que la entonces alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, y cinco de sus ediles disfrutaron de viajes a distintas ciudades de España, Europa y América entre 2005 y 2012, supuestamente con cargo a Aquagest (Hidrogea), y todo ello sin perder de vista que el Consistorio habría tomado «una serie de decisiones que beneficiaron» a esa empresa concesionaria.