Un juez paraliza la obra en el Edificio España a petición de Casanova

El Juzgado de Primera Instancia número 67 de Madrid ha acordado suspender de manera inmediata las obras en el Edificio España de Madrid ante el «riesgo alegado» por el grupo Baraka, que además denunció a la cadena hotelera Riu, propietaria del inmueble, por un incumplimiento de contrato. La decisión judicial llega tras la denuncia interpuesta en agosto por parte del grupo del empresario murciano Trinitario Casanova, al considerar que la cadena Riu no realizaba las obras «conforme al proyecto pactado y a los informes correspondientes».

Baraka pidió la paralización cautelar de las obras por riesgo en el edificio, al acometerse los trabajos al margen del «informe de resultados del estudio realizado sobre los condicionantes que la arquitectura y cimentación del edificio España imponen a su rehabilitación, fecha 9 de febrero de 2017», redactado por el Instituto Técnico de Materiales y Construcción.

El auto del Juzgado de Primera Instancia número 67 de Madrid, fechado el pasado 21 de noviembre, ordena parar inmediatamente los trabajos, aunque se pueden acometer tareas de prevención y «para conservar la parte ya realizada».

Además de esgrimir el riesgo para la edificación, Baraka, que vendió el inmueble a Riu después de comprárselo a la empresa china Delian Wanda, demandó a la cadena hotelera por incumplimiento de contrato, ante la negativa a escriturar 5.000 metros cuadrados comerciales del inmueble comprometidos a favor de Baraka Renta SL, sociedad del Grupo Baraka.

Por su parte, tras la denuncia de Baraka, Riu informó de que había iniciado negociaciones para vender dicha área comercial a un fondo de inversión y aseguró que no era cierto que Baraka tuviera derecho de compra sobre la misma.

Tras la petición de Casanova de paralizar las obras, el Ayuntamiento de Madrid defendió la seguridad de los trabajos y enmarcó la denuncia en el conflicto empresarial entre dos particulares.

Riu adujo que los trabajos se realizaban «con todas las garantías de seguridad y respetando la normativa vigente», y señalaba que cualquier crítica que apunte a lo contrario constituía una «temeridad y una falta de rigor profesional» que, según la hotelera, «sólo respondía al interés de generar una alarma social no fundamentada».