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El Juzgado de Instrucción 4 de Cartagena ha atendido la recomendación de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil y ... ha ordenado una toma de muestras en los terrenos agrícolas contaminados por arrastres de metales pesados procedentes presuntamente del vertedero Los Blancos, a las afueras de Llano del Beal. Se trata de residuos peligrosos de origen minero que afectan también a la rambla de la rambla de Ponce y al Mar Menor, según han confirmado los especialistas del Instituto Armado.
«Se considera necesaria la realización de un muestreo tanto de tierra como de vegetales de la zona objeto de investigación, para la determinación de la concentración de metales pesados en la misma y poder concretar las afecciones producidas tanto en el medio ambiente y salud de las personas que hayan estado expuestas a estos episodios de contaminación continua», indicó la Ucoma en un informe remitido días atrás al juzgado, y desvelado el pasado viernes por LA VERDAD.
A la vista de este informe de la Ucoma, el titular del juzgado, Raúl Sánchez, ha dictado una providencia en la que insta a realizar una nueva toma de muestras «para llevar a cabo el informe requerido» sobre las concentraciones de metales. La recogida del material «se llevará a cabo en la fecha que proponga la Ucoma y a la que podrán asistir las partes personadas si es de su interés, dejando constancia escrita de las alegaciones e incidencias que puedan surgir en su desarrollo los integrantes de la fuerza instructora», señala el juez en su resolución. Esta ha sido comunicada a las partes en el procedimiento penal contra las empresas Tragsa y Portmán Golf por un presunto delito contra el medio ambiente por irregularidades en el traslado de un millón de toneladas de residuos mineros de la antigua Balsa Jenny al vertedero Los Blancos, la falta de sellado de este depósito durante años y la contaminación de los suelos agrícolas, la rambla y el Mar Menor. En la causa está personada la asociación Ecologistas en Acción, a través del abogado José Manuel Muñoz Ortín.
A través del Seprona, la Guardia Civil denunció ya en 2022 la presencia de elevadas concentraciones de plomo, arsénico, zinc y otros metales en la finca agrícola. El juez prohibió el cultivo de estos suelos, pero la Audiencia anuló esa orden.
La Consejería de Medio Ambiente abrió un expediente para determinar si los propietarios del suelo debían descontaminarlo, como sostuvo el Seprona. Acerca del estado del vertedero, fuentes de la Consejería indicaron que el juzgado encargó a la Comunidad «hacer la vigilancia y el seguimiento de las obras y medidas cautelares impuestas por el juzgado a Portmán Golf», en referencia a la impermeabilización del depósito para poner fin a las escorrentías de agua con metales.
«Hacemos muchas inspecciones a la instalación, y en una de ellas se detectaron una serie de deficiencias ocasionadas por fuertes lluvias y que fueron resueltas por la empresa», añadieron en el Gobierno regional. Y concluyeron: «Se les exigió que justificasen la impermeabilidad de la instalación y, en caso de no hacerlo, se les exigirá las actuaciones necesarias que garanticen la impermeabilidad conforme a la Ley». En la Consejería no aclararon el estado del expediente referido a las parcelas agrícolas.
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