Un juez niega a NH Hoteles que tenga derecho a una rebaja en un alquiler por la pandemia

De esta manera, las demandas civiles presentadas por compañías y empresarios particulares, que invocan ese principio jurídico para tratar de obtener una mejora en las condiciones previamente pactadas con otra parte, se han multiplicado desde hace meses, con suerte dispar en los juzgados. Y el asunto de la pandemia es todavía tan reciente, cuando menos para los tiempos que gasta la Administración de Justicia, que todavía no se conocen pronunciamientos de las audiencias provinciales y, en consecuencia, mucho menos del Tribunal Supremo, que es el que debe sentar la necesaria jurisprudencia.

La última resolución dictada a ese respecto es la que acaba de notificar el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cartagena, cuyo titular, Miguel Ángel Comesaña, ha rechazado la pretensión de una gran cadena turística, NH Hoteles, que reclamaba una sustancial rebaja en la renta mensual por el alquiler de uno de los inmuebles de Cartagena que explota como establecimiento hotelero. En concreto, pedía que se le eximiera de abonar los meses de abril y mayo de 2020, en que el negocio estuvo cerrado por orden del Gobierno de la Nación, o que en su defecto solo pagara el 25%; que se le redujeran en un 65% las mensualidades de junio a diciembre de 2020 y, finalmente, que se aminorara esa renta en un 19,67% para todo el año actual.

NH Hoteles alegaba que, después del cierre forzoso de estos establecimientos, se abrió «un escenario de crisis económica de duración e intensidad inciertas, con el efecto de una drástica caída de la ocupación hotelera», por lo que el contrato debía ser revisado.

El acuerdo con el arrendador del edificio, suscrito en 1999 y prorrogado luego hasta finales de 2023, establece pagos fijos mensuales de casi 60.000 euros, así como una renta variable, consistente en el 20% del beneficio anual del hotel y el 40% del beneficio por la gestión del garaje.

La firma propietaria del inmueble adujo, a través del letrado Jaime Sánchez Vizcaíno, que su tamaño y sus recursos son muy inferiores a una compañía como NH Hoteles. De manera que, de estimarse las pretensiones de esta mercantil, la demandada perdería el 78% de la cifra total de su negocio y ello la abocaría a una situación de insolvencia.

Pero, además, el abogado hizo especial hincapié en que el arrendador del edificio ya había asumido su parte correspondiente del riesgo, como lo demuestra el hecho de haber fijado una renta variable. De esta forma, una parte de sus ingresos acaba dependiendo de los beneficios finales del hotel, por lo que la crisis del coronavirus le había provocado a su vez una importante merma en sus ingresos.

En su resolución, el magistrado Comesaña ha ido rechazando una tras otra las demandas de la mercantil turística. Así, sobre la petición de que se le eximiera del pago de los meses de abril y mayo de 2020, por la situación «de fuerza mayor», señala que no se puede aplicar ese principio cuando se trata de deudas monetarias. Y recuerda en ese sentido que esa «fuerza mayor» solo se aplica en derecho cuando se pierde un bien concreto, debido por ejemplo a una catástrofe, para el que no existe sustitución.

Respecto de la doctrina 'rebus sic stantibus', advierte el magistrado de que una crisis económica no puede considerarse algo «excepcional e imprevisible» en el ámbito empresarial, aunque seguidamente admite que la actual situación «está motivada por una crisis sanitaria sin precedentes, que ha obligado incluso al cierre forzoso de la actividad hotelera».

Y aunque en este caso sí sería de aplicación ese principio legal, el juez reprocha a la cadena hotelera que se haya limitado a presentar un informe genérico sobre las repercusiones de la pandemia en los ingresos del sector turístico, en lugar de establecer concretamente de qué manera ha afectado esta crisis a ese hotel de Cartagena. Algo que impide cuantificar en qué medida habría que reequilibrar el contrato, por lo que rechaza su demanda y le impone las costas. La sentencia es recurrible en apelación.