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La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el ... presidente de la Universidad Católica San Antonio-UCAM de Murcia, quien tendrá que responder de la supuesta comisión de un delito continuado contra la ordenación del territorio por las edificaciones construidas sin licencia en el campus de Guadalupe. La magistrada impone a la vez una fianza de responsabilidad civil de 70.000 euros, que deberá ser depositada en el plazo de 24 horas y que tiene por objeto asegurar el coste de las obras de demolición de esos pabellones, en el hipotético caso de que la sentencia estime que procede su derribo para restablecer la legalidad urbanística.
El auto, notificado en la tarde del viernes a las distintas partes del proceso y contra el que no existe recurso posible, también conduce a juicio a la Fundación Universitaria San Antonio y al Centro de Estudios Universitarios San Antonio, como supuestos responsables civiles subsidiarios.
La juez Azuar recuerda en su resolución que el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares en este procedimiento, representadas por las formaciones políticas Ahora Murcia y Podemos, formularon ya en meses pasados sus respectivos escritos de calificación, en los que acusan a José Luis Mendoza de un delito urbanístico. La pena que solicitan es de tres años de prisión, además de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, así como una multa de 12.000 euros.
Igualmente, reclaman la demolición de todas las edificaciones ilícitamente construidas y la reposición de los terrenos a su estado originario.
En su calificación, el fiscal delegado de delitos contra el medio ambiente, Miguel de Mata, recuerda que, el 29 de julio de 2015, el Servicio de Inspección Urbanística del Ayuntamiento de Murcia detectó que Mendoza había construido una serie de edificios sin licencia en Guadalupe. En concreto, se trataba de un aulario de casi 2.500 metros cuadrados, un laboratorio, un almacén, un porche, una cafetería y una caseta para un grupo electrógeno, con unos 3.500 metros cuadrados.
Las obras se habrían acometido entre los años 2011 y 2013, «en ejecución de un plan previamente concebido, a sabiendas de que carecía de licencia alguna y sin haber solicitado autorización previa para su construcción». El fiscal afirma que los inmuebles son «ilegalizables», pese a lo que viene manteniendo la UCAM, pues se levantaron sobre un suelo declarado 'No Urbanizable. Zona NR Huerta. Rincones y Cabecera del Segura y otros espacios de alto interés'.
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