Una juez lleva dos años sin tramitar un recurso sobre riadas en el Mar Menor

Las graves inundaciones sufridas por varias localidades del Mar Menor y el arrastre de residuos agrícolas hasta la laguna durante la gota fría de septiembre llevaron a la Fiscalía a anunciar una investigación sobre las administraciones públicas y los dueños de las fincas. Ya en octubre de 2016, el Ministerio Público impulsó una causa similar por riadas en el municipio de Cartagena y logró que el Juzgado de Instrucción 2 de esta localidad imputara a 17 empresas del sector por cuatro presuntos delitos. A la lista de investigados por los daños en las zonas urbanas y en la albufera se unió este año un exalto cargo de Carreteras de la Comunidad Autónoma.

Sin embargo, las expectativas puestas en este proceso por la Fiscalía, por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y comarca y por dos vecinos cuyas casas quedaron anegadas no han sido satisfechas, por ahora, en lo relativo a una medida cautelar tan contundente como polémica (como se ve estos días en los planos político y económico). Se trata de paralizar, de primeras de forma temporal, la producción intensiva en los terrenos cuya roturación y alteración de pendientes originaron, supuestamente, arrambladas en Islas Menores, Mar de Cristal, Playa Honda y Los Nietos de 2011 a 2015.

Al margen del sentido de la resolución de la magistrada, quien rechazó cortar los canales hidráulicos al no ver justificado adoptar medidas que afectaran «exclusivamente a las explotaciones agrarias sin tener en cuenta otros detonantes, igualmente contaminantes, del mar», llama la atención el bloqueo de los recursos de apelación interpuestos por los denunciantes. La juez María Pascual dictó su auto el 19 de julio de 2017 y, más de dos año y dos meses después de haber recibido un recurso de la Federación vecinal, su juzgado aún no lo ha remitido a la sección quinta de la Audiencia Provincial. El documento entró en el juzgado el 27 de agosto de 2017 y no fue hasta enero de este 2019 cuando aquél tramitó a orden de trasladarlo a la Audiencia.

Sin embargo, según confirmaron ayer a 'La Verdad' fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), los papeles aún no han sido enviados, por lo que los magistrados aún no han podido siquiera consultarlo y, en consecuencia, no hay aún fecha para el fallo y la votación.

Por si esta demora no fuera ya de por sí relevante, entre otras cosas porque según fuentes conocedoras del caso se adhirió a él la Fiscalía, la oficina de la juez Pascual tampoco ha enviado a los magistrados de la Audiencia los tres recursos interpuestos por la acusación particular en marzo de este año. Uno de ellos combate un auto evacuado por la magistrada ese mismo mes, cuando volvió a rechazar la adopción de medidas provisionales mientras avanzaba la instrucción del caso.

Se da, además, la circunstancia de que solo para resolver esa cuestión la juez tardó diecinueve meses, una situación que ha generado un notable malestar en las partes implicadas, entre ellas las compañías que se están viendo afectadas por estas prolongadas pesquisas. Así lo aseguraron distintas fuentes del caso, entre ellas de la Fiscalía.

Según el TSJ, la demora en la elevación de los cuatro recursos se debe a que el juzgado carece de medios suficientes para realizar el elevado volumen de copias a las partes presentes en el proceso.

Para desatascar el expediente, el juzgado ha pedido ayuda a la Gerencia del Ministerio de Justicia en la Región. En el TSJ añadieron que lo ocurrido no ha impedido avanzar en el resto de la causa, donde «se ha dictado multitud de resoluciones» y se ha respondido a «multitud de recursos». Y agregaron que es frecuente enviar los recursos de forma acumulada.

La actual fase de indagación, en la que queda por practicar interrogatorios a antiguos responsables de instituciones públicas y a peritos, puede acabar para cada investigado con el archivo del procedimiento o con un procesamiento. En este último caso, serían juzgados por uno o varios de los delitos atribuidos: contra la ordenación del territorio, contra el medio ambiente, contra el patrimonio histórico y de usurpación de aguas. En el caso del antiguo alto cargo de Carreteras, la acusación se refiere solo la ordenación territorial.