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Un excomisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura, el socialista Manuel Aldeguer, y tres jefes de servicio están siendo investigados por un juzgado ... de Murcia como sospechosos de integrar una nueva trama de adjudicación ilegal de contratos. Las investigaciones, que se iniciaron en verano de 2020 y que coordina el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, José Fernández Ayuso, tratan de esclarecer si estos altos funcionarios del organismo de cuenca violaron la ley al conceder obras por un importe total de casi nueve millones de euros, entre los años 2005 y 2018, a cinco empresas que estaban en manos de dos grupos familiares. Parte de esos trabajos, que suman un importe de 2,4 millones de euros, habrían sido fraccionados ilegalmente, con el supuesto propósito de reducir los controles para la adjudicación y eludir la competencia de otras mercantiles. Esta operación, desarrollada por los especialistas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía, se suma a otra gran investigación centrada en la presunta concesión irregular de obras en la CHS, el llamado 'caso River', por el que recientemente han sido procesados siete administradores y presuntos testaferros de empresas constructoras y dos antiguos responsables del organismo de cuenca: la ex secretaria general Paloma Moriano y quien fue el jefe de Pagaduría, Manuel Bravo. La presunta organización delictiva, a cuyo frente se situaba el mencionado cajero de la CHS, se habría embolsado seis millones de euros gracias a las decenas de encargos recibidos 'a dedo' entre los años 2005 y 2018.
La instrucción de estas otras diligencias, bautizadas como 'caso Riverbed', han motivado que esta semana hayan sido citados a comparecer en el juzgado, para declarar en calidad de investigados, tanto el antiguo comisario de Aguas como los tres jefes de servicio, según han confirmado a LA VERDAD fuentes próximas al caso. A todos ellos se les atribuyen supuestos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios.
El análisis de la documentación intervenida en la CHS ha llevado a los agentes de la UDEF a concluir que un selecto grupo de empresas, Jocasmar SL, OPS 2003 Excavaciones SL, Obras y Excavaciones Ausan SL, Obras y Excavaciones AGS SL y Biosfera Mediterráneo SL, se habrían visto beneficiadas durante años por la concesión fraudulenta de hasta 233 contratos de obras y trabajos. La mayor parte de esas tareas consistían en limpiezas, desbrozado y recuperación de cauces y, según los investigadores, en muchos casos se habrían fraccionado los importes para poder adjudicarlos como contratos menores.
Los investigadores también habrían hallado vinculaciones personales, de amistad e incluso relaciones de negocios, entre algunos de los altos funcionarios y los empresarios.
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