El juez encamina al banquillo al alcalde de Torre Pacheco y a todo su gobierno

El equipo de gobierno de Torre Pacheco al completo, diez concejales y el alcalde Antonio León a la cabeza, se encaminan hacia el banquillo de los acusados como presuntos autores de un delito de prevaricación y otro contra los derechos cívicos, después del auto de procedimiento abreviado (PA), que vendría a equivaler al de procesamiento, dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Javier. Las razones que han situado a todos los ediles en labores de gobierno hasta tan inédita situación hay que buscarlas en el Pleno municipal del 26 de mayo de 2016, convocado entre otras cuestiones para estudiar las enmiendas presentadas a los Presupuestos locales y para la aprobación inicial de los mismos.

La polémica surgió cuando se hizo constar, por parte de los concejales del Partido Popular que conformaban la oposición, que la sesión se había convocado sin que se les hubiera facilitado toda la documentación exigida por ley, pues esta no fue presentada en la Secretaría municipal hasta ese mismo día: la liquidación del Presupuesto anterior, los informes económicos financieros sobre la previsión de ingresos, las operaciones de crédito previstas y la suficiencia de los préstamos, como tampoco los informes de la Intervención municipal sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Tampoco, lo cual era especialmente relevante, el propio proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento para 2016.

En tales circunstancias, los concejales populares se encontraban privados del material necesario para poder fundamentar su posición con ciertas garantías, como denunciaron en el acto del Pleno. Fue entonces cuando el entonces secretario municipal, Isidoro Jesús Martínez, tras la oportuna indicación de la interventora, Carmen Lidia Saura, advirtió al alcalde León de que, no habiendo sido presentada la documentación en los plazos previstos legalmente, el acuerdo del Pleno podría ser nulo conforme a la propia jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM).

La posición que adoptó el primer edil fue proponer que hubiera una votación previa para establecer si la aprobación inicial del Presupuesto debía quedar sobre la mesa, pendiente para el siguiente Pleno, o al contrario se debía proceder a tramitarlo en esa misma sesión. Él mismo y sus diez concejales del gobierno municipal, constituido por miembros del Partido Independiente de Torre Pacheco (PITP) y los ediles socialistas, se pronunciaron a favor de seguir adelante, lo que permitió que el Presupuesto General del Ayuntamiento para 2016 resultara aprobado de manera inicial con los mismos votos.

Días más tarde, los populares presentaron un recurso contencioso-administrativo, que fue estimado tanto en primera instancia como por la sala competente del TSJRM y que provocó la anulación de la mencionada aprobación del Presupuesto. Con tal resolución ya en las manos, confirmando la irregular tramitación en Pleno de las cuentas anuales, el PP requirió ya en 2017 los servicios del letrado José Antonio Izquierdo para presentar una querella, dirigida a depurar las posibles responsabilidades penales.

Ahora, finalizada la instrucción de las diligencias, el magistrado Javier Ponte acaba de procesar a los once ediles, incluido el actual alcalde Antonio León, al estimar que existen «indicios de criminalidad» en la actuación de todos ellos y, más concretamente, de la supuesta comisión de delitos de prevaricación y contra los derechos cívicos.

El juez ha rechazado la petición de archivo formulada tanto por la defensa de los acusados como por la Fiscalía, que consideraban que los hechos no tienen características de delito, que la ilegalidad no iba más allá de una cuestión puramente administrativa y ya resuelta por otra vía y que la aprobación inicial de un presupuesto municipal no es más que un acto de mero trámite, por lo que no entraría en el tipo penal de la prevaricación. También sostenía el Ministerio Público que no había existido «el ánimo torticero, grosero, claro y evidente de conculcar la legalidad», y que los representantes del PP habían tenido la oportunidad de informarse del contenido del proyecto de los Presupuestos durante las comisiones informativas en las que había participado días antes.

El juez rechaza los argumentos y señala que la prevaricación no radicaría en haber aprobado inicialmente los Presupuestos, sino en haber permitido que continuara el Pleno cuando se habían incumplido los preceptos legales para celebrarlo.

Los procesados son el alcalde Antonio León y los ediles Rosalía Rosique García, actualmente al frente de la cartera de Personal y Desarrollo Local; Carlos López Martínez (Hacienda y Comunicación), Juan Salvador Sánchez Saura (Seguridad Ciudadana y Nuevas Tecnologías), Inmaculada Concepción Martínez (Educación, Juventud y Empleo), Raúl Lledó Saura (Cultura y Deportes), Verónica Martínez Marín (Servicios Sociales e Igualdad), Mari Carmen Guillén Roca (Servicios y Vía Pública), María Valentina López Martínez (Participación Ciudadana y Transparencia), Alberto Galindo Rosique (Urbanismo, Medio Ambiente y Agricultura) y Yolanda Castaño López (Festejos y Voluntariado).