La segunda pieza del 'caso Topillo' se despedaza hasta en 39 causas diferentes

La segunda pieza del 'caso Topillo', que se orienta a depurar posibles responsabilidades penales por la contaminación ambiental del Mar Menor, quedará finalmente desgajada en un sinfín de procedimientos diferentes. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Ángel Garrote, siguió este jueves las indicaciones de la Audiencia Provincial y acordó dividir esta pieza separada por la que extendió las imputaciones delictivas a otras 43 sociedades mercantiles y personas particulares, que tendrían así que comparecer en estas diligencias por un presunto delito contra el medio ambiente.

El instructor, en su auto, despedaza el procedimiento en otras 39 pequeñas causas que irán a parar a manos de juzgados de San Javier, Cartagena y Murcia. Para ello, el magistrado detalla de forma numerada los hechos imputados a cada uno de los investigados y hace una relación de los documentos y actuaciones que deben incorporarse y remitirse en cada uno de los 39 procedimientos en que se divide la pieza separada. En concreto, el titular se inhibe de la instrucción de 36 procedimientos, 22 que se remitirán al decanato de los juzgados de San Javier para su reparto y de otros 14 procedimientos que se enviarán a los órganos que resulten competentes en Cartagena. Su juzgado continuará indagando en tres causas con explotaciones investigadas en Avileses, Sucina y Murcia.

Por tanto, de acuerdo con la resolución dictada, el juez ordena ahora que se remita testimonio del atestado policial y de las diligencias practicadas que se consideran útiles en cada caso para la instrucción a los juzgados que resulten competentes de los partidos judiciales de San Javier y Cartagena.

Esta decisión del magistrado Garrote llega solo unas semanas después de que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial dictaminase que no estaba justificada la investigación conjunta de estos hechos -aunque fuese en pieza separada- y ordenase al instructor del caso inhibirse a favor de los juzgados de San Javier y Cartagena, según el lugar donde se produjesen los vertidos. «En realidad, se trata de hechos cometidos por distintas personas en diferentes lugares y tiempos, sin que conste previo concierto entre ellos y sin que la investigación y prueba en conjunto de los hechos resulte imprescindible para su esclarecimiento», subrayó la Sala.

Por otra parte, días atrás el magistrado acordó la prórroga del plazo de instrucción por seis meses más. Estos se contarán desde la fecha legal de expiración del plazo, este jueves, con lo que el nuevo periodo de instrucción alcanza hasta el 27 de julio.

Al respecto, el instructor explica que «la ejecución de estas indicaciones de obligado cumplimiento va a requerir de unas actuaciones jurídicas y materiales de cierta complejidad». Recoge el tiempo que será necesario para la «remisión física de la causa a los juzgados» y, una vez que la recepcionen, necesitarán «un mínimo periodo para su estudio».

Además, añade, «aún hay diligencias esenciales que han de practicarse». Cita expresamente «un informe pericial por ecotoxicólogo que determine si el presunto vertido que se pueda imputar a cada uno de los investigados puede ser potencialmente peligroso con carácter general, para el medio ambiente, y específicamente para el entorno y ecosistema del Mar Menor».

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