La juez del 'caso Desaladora' apunta a que se forzó a los municipios a firmar los convenios

Desde la Comunidad Autónoma y, más concretamente, desde la Consejería de Agua que presidió años atrás Antonio Cerdá, siempre se defendió que la inversión en la desaladora de Escombreras se iba a financiar con cargo a los ayuntamientos murcianos por los caudales de agua desalinizada que estos iban a percibir. Igualmente se sostenía que un gran número de consistorios había instado al Gobierno murcianos a adoptar medidas precisas para paliar el déficit de recursos hídricos existente en la Región.

En base a todo ello, la magistrada que instruye las diligencias sobre el 'caso Desaladora' o 'caso La Sal', en las que se investiga la supuesta existencia de una malversación multimillonaria de fondos públicos, expone ahora en un auto que «había que suponer que los distintos ayuntamientos habían estudiado, valorado, justificado y concretado el caudal necesario para atender sus necesidades (consumo humano, urbanístico, recreativo, industrial...)». Sin embargo, después de haber tomado declaración como testigos a un buen puñado de esos alcaldes, la conclusión a la que llega es que «nada parece estar más lejos de la realidad».

Y añade en su resolución que algunos de esos primeros ediles han contado que «les citaron a una reunión, en la sede de la Consejería e incluso en el Auditorio, y simplemente les dieron un formulario para rellenar y así lo hicieron. Algunos ni siquiera sabían las necesidades que iban a tener». De ahí que sospeche que la Administración regional pudo forzarles, de alguna manera, a suscribir esos convenios para el suministro de agua y ello con el aparente fin de justificar la necesidad de compra de la desaladora.

Por esta razón, la magistrada María del Mar Azuar considera necesario seguir tomando declaración como testigos a los alcaldes que en esa época, en torno al año 2006, suscribieron tales convenios, para conocer en base a qué datos tomaron esa decisión. Los próximos en comparecer serán el ex primer edil de Murcia, Miguel Ángel Cámara; la exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro; el que lo fue de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, y la exregente de Fuente Álamo, María Antonia Conesa.

Igualmente fueron citados como testigos el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), José Salvador Fuentes Zorita; el antiguo interventor general de la Comunidad, José Eduardo Garro, y el exjefe de los Servicios Jurídicos autonómicos, Francisco Ferrer.