La juez cita a Cerdá el 19 de junio para explicar sus actos sobre la desaladora

Antonio Cerdá, exconsejero de Agricultura y Agua de varios gobiernos de Ramón Luis Valcárcel, tendrá que comparecer el 19 de junio ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, María del Mar Azuar, para explicar cuál fue su participación y qué decisiones concretas adoptó sobre la desaladora de Escombreras, en torno a cuya construcción y gestión se montó supuestamente una trama de corrupción. Estas diligencias, que han sido bautizadas por los agentes de la UDEF Central (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) como 'Operación La Sal', tratan de esclarecer una supuesta malversación de 600 millones de euros, que son los que la Comunidad se comprometió a pagar a empresas del grupo ACS, en un periodo de 25 años, por el alquiler de una planta desalobradora que había costado 111 millones. Y todo ello, además, al margen de que produjera o no caudales, en base a un principio legal «abusivo y leonino» -según la UDEF, denominado 'take or pay'.

Cerdá es el antiguo alto cargo de la Administración regional con mayor peso de entre quienes se encuentra ya formalmente imputados (investigados, en el argot actual). Y con una participación teórica más relevante en este asunto, pues a su condición de exconsejero de Agricultura y Agua sumaba la de principal impulsor y presidente del Ente Público del Agua (EPA). Este organismo autonómico tuvo una preeminente participación en la supuesta trama.

Entre las explicaciones que muy probablemente se le exigirán a Cerdá por parte de la magistrada Azuar y del fiscal Manuel López Bernal se encuentran algunas sobre decisiones tan controvertidas, a priori, como haber asumido íntegramente todas las cláusulas que dos empresas de ACS habían suscrito entre sí unos meses antes, como la del pago de 600 millones por el alquiler de las instalaciones, y bajo la mencionada exigencia del 'take or pay'.

Pero posiblemente la que puede resultar más difícil de justificar es que la Administración regional, que en el año 2006 había adquirido el 51% de las acciones de la desaladora, comprara de golpe en el 2010 el 49% de esa sociedad. Sobre todo, porque ningún acuerdo previo le obligaba a hacerlo -había un compromiso para irlas adquiriendo en 25 años- y porque para ese momento todos los datos apuntaban a que se trataba de un negocio ruinoso, hasta el extremo de que las auditorías advertían de que se encontraba en causa de disolución por la relevancia de las pérdidas acumuladas.

Con esa decisión -advierten los agentes de la UDEF y la propia Fiscalía en su denuncia original-, la Comunidad asumía íntegramente todos los riesgos del negocio y dejaba a las empresas del grupo ACS en una posición de absoluta ventaja, al situarse al margen de los problemas de la planta, pero manteniendo en su poder el compromiso de pago de los 600 millones.

Al margen de Cerdá, la ronda de declaraciones de investigados la abrirán los llamados 'socios locales' que impulsaron en su origen esta planta desalobradora a través de la firma Hydro Management. Los cinco socios han sido citados a partir del 29 de mayo. Les seguirán varios altos directivos de ACS, que se hicieron en 2005 con el control del negocio a través de empresas como Cobra Instalaciones y Servicios SA y Moncobra SA. Por último, Cerdá, el abogado Andrés Arnaldos y antiguos altos cargos públicos cerrarán este primer capítulo de interrogatorios.