El juez del 'Caso Barraca' archiva la investigación contra seis constructores

Quince años después la investigación de uno de los primeros casos de presunta corrupción abiertos en los juzgados de la Región sigue dando titulares. El instructor del 'caso Barraca' ha decidido archivar los cargos que pesaban sobre seis constructores y un arquitecto a los que se relacionó con la trama. En una resolución fechada este lunes, a la que ha tenido acceso LA VERDAD, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia, Juan Miguel Ruiz, acepta la petición de sobreseimiento que sobre estos investigados realizó la Fiscalía el pasado verano.

El 'caso Barraca' investiga desde 2007 si Joaquín Peñalver, desde su privilegiado puesto de jefe de Planeamiento Urbanístico, se enriqueció de manera supuestamente ilícita haciendo negocios con promotores, para lo que habría utilizado como 'mujer de paja' a su esposa. Además se le atribuye haber desviado al despacho de arquitectos de su familia un gran número de proyectos urbanísticos, que de esa manera habría llegado a copar buena parte del trabajo existente en ese sector en el municipio.

En su resolución, por ejemplo, el instructor levanta los cargos que pesaban sobre el constructor Félix García Ripoll. El fiscal, en su denuncia inicial, señalaba que Urbasa -firma en la que la mujer de Peñalver tenía el 50% de las participaciones- vendió en octubre de 2005 a la mercantil de este empresario un trozo de terreno de secano, perteneciente a la hacienda Lo Espinosa, por 1,2 millones de euros.

En la escritura se hacía constar que la finca se adquiría con el requisito de estar inmersa en un proceso de gestión urbanística, por el cual se le iba a reconocer un aprovechamiento urbanístico futuro de 7.500 m2 de techo. Urbasa asumía el compromiso. Si en el término de ese plazo no se hubieran logrado esas características, Félix García Ripoll podrá requerir a su elección a Urbasa Mediterránea, quien vendrá obligada a la devolución de 750.000 euros.

El juez señala que «más allá de las meras conjeturas o sospechas que pueda albergar la conducta del investigado, lo cierto es que el 'fumus' o soporte indiciario que sustentan su inculpación es débil». Los autos, precisa, solo constatan una operación entre ambas mercantiles y el investigado realiza la compra «a precio de mercado acorde y razonable a las características de la finca». El instructor entiende, además, que de las actuaciones no se desprende «el conocimiento cierto por parte del investigado de información privilegiada en orden a un posible favorecimiento ilícito».

En el auto el instructor también ordena el sobreseimiento de los cargos que pesaban sobre los empresarios Francisco Ginés Zapata Triviño y Juan Carlos Zapata Treiviño (Promociones y Construcciones Zapata); Raúl Díaz Garcerán (José Díaz García S.A.) y Álvaro Martínez-Lozano Molina y Rafael Vázquez Aragón (Varamar Center).

El juez del 'caso Barraca' da carpetazo además a las acusaciones que pesaban sobre el arquitecto Marco Antonio Menéndez, al que se investigaba como supuesto colaborador del exjefe de Planeamiento Urbanístico de Murcia en Peñalver Arquitectos y Asociados S.L (Payals).

El magistrado, en su auto, señala, sin embargo, que «las diligencias desplegadas no vislumbran indicios suficientes de responsabilidad criminal en el investigado, arquitecto autónomo no integrado en la mercantil Payals, mero colaborador de la misma». Su actuación se limitó al parecer «a la elaboración de algunos de los proyectos técnicos de edificabilidad o desarrollo urbanístico que asumía Payals, actuando siempre bajo la órbita, dirección y control de la citada mercantil».

El instructor también remitió este lunes un auto a las partes informando de que será un jurado popular el que siente justicia en el 'caso Barraca'. El magistrado explica que esta figura encaja con los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y uso de información privilegiada por los que, previsiblemente, se sentarán en el banquillo hasta una veintena de procesados. Ha convocado a las partes para concretar la imputación.

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