Una juez avala la liberación de todos los internos del Centro de Extranjeros de Sangonera

La magistrada Olga Reverte, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia, acaba de dictar una resolución por la que avala la decisión de la Delegación del Gobierno en la Región de liberar paulatinamente a todos los inmigrantes 'sin papeles' actualmente confinados en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Sangonera la Verde, debido a las especiales circunstancias que se derivan del estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus.

El auto de la juez se deriva en apariencia de la interposición de una denuncia, de la que se desconoce si está impulsada por un particular o un colectivo, con la que se trataba de atajar la decisión adoptada de facto por la Delegación del Gobierno de proceder al progresivo desalojo de las mencionadas dependencias, tanto por razones humanitarias como de salud pública, ante la posibilidad de que se pudiera producir un brote de Covid-19 que se propagara entre los allí internados.

En su resolución, a la que LA VERDAD ha tenido acceso, la magistrada Reverte razona que una de las consecuencias tanto nacionales como internacionales que ha provocado la pandemia es que se han clausurado muchas fronteras con otros países, como es el caso de Argelia y Marruecos, de los que proceden la mayor parte de los inmigrantes irregulares que estaban internados en el CIE a la espera de ser repatriados. En tales circunstancias, la devolución a sus países de origen se torna en estos momentos imposible, por lo que los 'sin papeles' estarían viéndose privados de libertad sin la razón última de esa medida, que es la de repatriarlos una vez concluidos los trámites legales.

Pese a establecer, pues, que procede seguir con la liberación paulatina, deja constancia de la necesidad de seguir unas normas o garantías mínimas, de manera que estas personas no se queden deambulando por las calles y sin un lugar en el que cumplir con el obligado confinamiento. Por esta razón, fuentes del Ministerio del Interior señalaron que aquellos internos que tienen a familiares en España deberán establecerse con ellos, cumpliendo estrictamente las normas que impone el estado de alarma, mientras que el resto serán acogidos por entidades humanitarias. Para garantizar el cumplimiento de esas normas, los internos son obligados a firmar una declaración jurada con el compromiso de respetar las obligaciones que impone la actual situación de confinamiento.

Según las mismas fuentes, después de la puesta en libertad de una parte de esos ciudadanos extranjeros por parte de la Delegación del Gobierno, que preside el socialista José Vélez, el CIE acoge en estos momentos a unos 40 internos, que dejarán esas dependencias a lo largo de esta semana.

La magistrada establece que la resolución sea notificada al director del CIE, a la Fiscalía Superior de la Región, a la Brigada de Extranjería y Documentación de la Jefatura Superior de Policía y al Defensor del Pueblo. La situación en la que se encontraban los extranjeros recluidos en los CIE de todo el país ha sido motivo de polémica en los últimos días, ya que desde algunas ONG comprometidas con los derechos de este colectivo habían reclamado la inmediata puesta en libertad por razones humanitarias y por temor a un contagio masivo.