Un juez admite a trámite un recurso contra el plan de la Comunidad para el regreso de los funcionarios

Los tribunales decidirán si debe seguir adelante el plan de desescalada puesto en marcha por la Consejería de Presidencia y Hacienda para la reincorporación gradual de los funcionarios de administración y servicios de la Comunidad a sus puestos de trabajo, tras las semanas de confinamiento estricto decretado por el Gobierno central entre mediados de marzo y mayo.

El sindicato CSIF interpuso el 25 de mayo una demanda contra este plan, que ha sido admitida a trámite por el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Murcia, el cual ha fijado la vista sobre el caso para el próximo 14 de junio. CSIF solicitaba, como medida cautelar, la suspensión inmediata de la aplicación del plan, pero el juzgado no se ha pronunciado de momento sobre esta cuestión.

El argumento principal de la organización sindical en su denuncia es que la orden de la Consejería de Presidencia y Hacienda, que organizaba la recuperación de la actividad administrativa, vulnera los decretos del Ministerio de Sanidad que establecen el carácter preferente del trabajo a distancia y reconocen a los trabajadores derechos de adaptación del horario y reducción de jornada.

CSIF cree, además, que se «pone en riesgo de contagio a la mayoría de empleados públicos» con el plan de la Comunidad, a la que acusa también de ocultar información a los representantes de los funcionarios sobre el número de enfermos desde el inicio de la desescalada en la Administración regional, los empleados en incapacidad temporal por la Covid-19 y los planes de equipos de protección individual entregados.

La Consejería rechaza estas acusaciones y asegura que su proceder ha estado guiado en todo momento «por la protección de los empleados públicos y por establecer las condiciones que garantizasen al máximo tanto su seguridad como la de los ciudadanos».

Fuentes de la Consejería agregan que para la elaboración del protocolo «se tomaron como referencia en todo momento las indicaciones de las autoridades sanitarias y la evolución de la pandemia en la Región», y que la orden final fue negociada con las organizaciones sindicales.

«El protocolo, entre otras consideraciones, prevé un regreso escalonado (con porcentajes que se van incrementando semanalmente), mantiene el fomento del teletrabajo y tiene en cuenta las circunstancias de colectivos como aquellos que tienen que conciliar o los colectivos vulnerables», agregan las mismas fuentes.

Recuerda la Consejería, además, que entre las medidas de protección adoptadas figuran la entrega de mascarillas y geles hidroalcohólicos, la instalación de mamparas de separación y la reorganización de los espacios de trabajo y del mobiliario para garantizar la separación necesaria entre los empleados públicos.