El transporte lleva al juzgado 300 demandas contra el 'cártel de los camiones'

La Comisión Europea sancionó en 2016 con 2.930 millones de euros a las empresas MAN, Volvo-Renault, Iveco, Mercedes-Benz (Daimler) y DAF por haber pactado entre 1997 y 2011 los precios de venta de sus vehículos y por haber repercutido en el comprador los costes de cumplir con las normas en materia de emisiones contaminantes. Los fabricantes, a excepción de Scania, reconocieron su implicación en el caso, que duró catorce años.

Recientemente, la Comisión decidió sancionar también a Scania. Una medida, aún pendiente de recurso, que podría conllevar una nueva avalancha de demandas. Por el momento, los juzgados de lo Mercantil ya han recibido tres nuevas demandas dirigidas contra esta marca, según precisaron fuentes judiciales.

Los datos ofrecidos en su momento desde el sector del transporte apuntaban a que solo en España podrían haberse impuesto sobrecostes a unos 150.000 vehículos, lo que da buena cuenta de las dimensiones del supuesto fraude. Varias decenas de miles de estos camiones habrían sido adquiridos en la Región, que no en vano acoge una de las mayores flotas de Europa.

En octubre de 2018, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia dictó una de las sentencias pioneras en España sobre la materia. Una empresa murciana reclamó a Volvo por el sobrecoste en la compra de cinco camiones y la magistrada María Dolores de las Heras consideró que esta debía ser indemnizada en unos 128.000 euros –más intereses– al verse perjudicada por un sobrecoste del 27,5%. Una primera resolución a la que, hasta la fecha, han seguido más de medio centenar de sentencias.

Para atajar este elevado número de casos, el TSJ encomendó en febrero la tarea a los dos jueces de refuerzo de los juzgados de lo Mercantil número 1 y 2 de Murcia, Javier Quintana y Juan Ignacio Martínez. Estos son los únicos en atender estos procedimientos y, según explicaron fuentes del TSJ, el objetivo es que celebren cada uno cuatro juicios semanales, 16 cada mes. «Con ello se trataría de paliar las graves consecuencias que, para las agendas de los juzgados, conllevan juicios cuya duración no baja de las tres horas y media en el mejor de los casos», explica el magistrado Quintana. De acuerdo a los cálculos, explica el TSJ, se prevé que a finales de junio cada órgano haya celebrado 90 juicios.

Para hacer frente a los previsibles recursos que se puedan dar, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia ya ha aprobado, además, el refuerzo de otros dos magistrados en comisión de servicio.

A día de hoy se están celebrando simultáneamente audiencias previas y vistas. Hasta la fecha, estos órganos han celebrado 65 vistas y dictado 51 sentencias –están pendiente de dictado otras 14–. Los jueces de lo Mercantil de la Región vienen admitiendo como hecho probado en sus resoluciones que el grupo de marcas mencionado se alió «en un cártel o agrupación de empresas fabricantes y vendedoras de cabezas tractoras, que tenía como finalidad establecer un acuerdo unificado de precios». El porcentaje de condena a los fabricantes es del 100%, lo que, en principio, ayuda a una mayor premura.

«La forma de afrontar está litigiosidad específica forma parte de una estrategia del Tribunal Superior de Justicia de identificar y diagnosticar litigiosidad repetitiva», explica el magistrado Quintana. «Se trata de afrontar su resolución de una manera más sistemática, concentrada en pocos órganos resolutorios y fomentando la unificación de criterios». Es una estrategia similar a la que, por ejemplo, ya han desplegado los juzgados especializados en cláusulas suelo que afrontaban una avalancha de asuntos con una gran similitud entre sí.

La mayoría de demandas dirigidas contra el 'cártel de los camiones' se han concentrado en manos de unos pocos despachos de abogados que se han especializado en la materia. Es el caso, por ejemplo, del letrado cartagenero Pedro Arribas, del despacho Translaw, que representa a alrededor de 3.500 empresas de Murcia, Madrid, Oviedo o Gerona con una flota de cerca de 10.000 camiones. Los juzgados han organizado el trabajo de forma que los diferentes procedimientos que lleva una misma defensa se concentren en un solo día lo que ayuda a aligerar su celebración.

Desde el TSJ advierten, no obstante, que el pronóstico a partir del verano es algo más difícil de esbozar. Estas fuentes explican que ha surgido un lastre a la hora de señalar las vistas acumuladas dado que algunos de los demandantes no se agrupan en esos grandes despachos y acuden a estos juzgados con defensas técnicas diferentes y periciales propias. Esta circunstancia deja en el aire la concentración de las causas y la aligeración de las mismas.

A día de hoy, estos magistrados están asumiendo un criterio de rebajar al 5% del precio de los camiones más los intereses legales desde la adquisición –en las diversas demandas se suele reclamar en torno a un 16%–. Tal y como explicaron fuentes del TSJ, es un criterio generalizado ya entre las audiencias provinciales.

Traducido en cifras, los números pueden fluctuar. «La horquilla es muy amplia, dice el letrado Arribas. «Hay pleitos de 20.000 euros y otros de 400.000 euros».