Cientos de personas de la Región de Murcia claman en la calle para exigir que bajen los precios de la vivienda

Varios cientos de personas, principalmente jóvenes, se manifestaron este sábado por las calles de Murcia, dentro de una protesta que se lleva a cabo de forma simultánea en otras 42 ciudades españolas para exigir «el fin del negocio» en torno a la vivienda en España y en la Región de Murcia.

Convocados por el Sindicato de Vivienda y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), los manifestantes se concentraron en la Plaza Santoña de Murcia, donde se encuentra la sede de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, que tiene las competencias de vivienda. La marcha recorrió la Avenida de la Fama, desembocando en Teniente Flomesta, donde se encuentra la Delegación del Gobierno en la Región.

'Si pago el alquiler, no tengo para comer', 'Ni casas sin gente, ni gente sin casa' o 'La vivienda, para quien la habita' fueron algunas de las consignas proclamadas durante el recorrido, por el que se pudo ver a dirigentes políticos como los diputados de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín y Víctor Egío, a la coordinadora regional de Izquierda Unida-Verdes, Penélope Luna, así como a responsables sindicales como el secretario general de Comisiones Obreras en la Región de Murcia, Santiago Navarro, y la que será su sucesora al frente de la organización, Teresa Fuentes.

Encabezando la comitiva iban los portavoces del Sindicato de Vivienda, una organización creada en la Región a raíz de la protesta nacional que tuvo lugar el pasado 13 de octubre de 2024. Ejercieron como portavoces Claudia Romero y Pablo Vidal, dos jóvenes que, otros muchos de su generación, viven en primera persona el problema del acceso a la vivienda. «Vivo subarrendado, sin alquiler, en un piso que fue en su día propiedad de la Sareb», comenta Pablo. «En el último año, he vivido en cuatro casas distintas. El precio que menos he pagado por una habitación bastante pequeña han sido 300 euros», explica Claudia.

Entre las reivindicaciones del Sindicato figuran «medidas concretas como la bajada y el tope de los alquileres, la liberación de las viviendas de la Sareb y de los grandes fondos buitres para que se integren en un parque público de vivienda, el fin de la represión a nuestro movimiento y que se deje de penalizar el hecho de que las personas puedan vivir en su propia casa, puedan o no puedan pagar por ello.

Otras medidas que reclaman los convocantes de la protesta aparecen en el manifiesto que se leyó a la salida en la Plaza Santoña. Además de las anteriormente referidas, se exige la eliminación de las viviendas turísticas «que expulsan a los vecinos», la prohibición por ley de los desahucios, la expropiación de viviendas en manos de bancos, fondos buitre y grandes propietarios, así como «el fin de las campañas de criminalización contra la okupación».

Del mismo modo, Francisco Morote, de la plataforma antidesahucios, denunció que «estamos viendo como cada vez que se dan cifras de compra-venta de vivienda, esas cifras suben, y que hay más de un 33% de viviendas que se compran a 'tocateja', es decir, sin hipotecas. Las están comprando inversores, fondos de inversión, que van directamente a especular con ellas».

«Mientras tanto, hay un montón de gente que está padeciendo unos alquileres absolutamente insufribles, absolutamente inalcanzables, en una región esta, además, donde contamos con uno de los niveles salariales más bajos de todo el país», indicó el portavoz de la PAH, ataviado con la clásica camiseta verde que el colectivo luce cuando acude a intentar paralizar algún desahucio en la Región.

También hizo declaraciones la portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, quien señaló que «mientras estamos escuchando en todos los parlamentos tantos discursos a favor de la escalada bélica, nosotras salimos a la calle para decir alto y claro que la mayor amenaza para los jóvenes es la falta de vivienda, que la seguridad es tener un techo y no un refugio antiaéreo, que el mejor kit de supervivencia son alquileres asequibles y vivienda pública».

En la manifestación participaron algunos jóvenes que denunciaron vivir situaciones insostenibles para el pago de la vivienda. Es el caso de Antonio, periodista, que asegura que está pagando 750 euros mensuales por un piso compartido con otra persona en el centro de Murcia, al cual dedica gran parte de sus retribuciones, lo que limita bastante su propio desarrollo vital.

O Miguel Lajarín, también comunicador y responsable de Juventud del sindicato UGT, quien reclama al Gobierno de Fernando López Miras que aplique la ley estatal de vivienda ya que, afirma, «si no se pone límite a la avaricia de los rentistas, pues los precios van a seguir subiendo». «Creemos que en Murcia, en Cartagena, en Lorca, en Molina de Segura y también en Alcantarilla coinciden los requisitos para poder declarar zonas tensionadas», indicó.

Por su parte, estuvo en la concentración el nuevo coordinador de Sumar en la Región, Juan Carlos Pastor, quien afirmó que «la vivienda es hoy una de las mayores fuentes de desigualdad y pobreza en nuestro país. Vivimos en un país en el que, al margen de lo que dice la Constitución, el derecho a la vivienda no solo no está garantizado, sino que se ha convertido en un negocio especulativo para los más ricos, al tiempo que las clases populares, las mujeres y los jóvenes no encuentran modo ni lugar en el que vivir».

Además, Juan Carlos Pastor añadió que «no puede ser que el salario medio en España no supere los 1900 euros mientras el precio medio del alquiler en las principales capitales de provincia oscila entre los 1000 y los 1500 euros al mes. Es urgente acabar con el negocio especulativo de la vivienda en España».

Asimismo, la coordinadora regional de IU-Verdes, Penélope Luna, ha lanzado una dura crítica al Ejecutivo autonómico: «El Gobierno Regional carece totalmente de política de vivienda. El propio consejero de Fomento reconoció que se limita al Plan Aval Joven», denunció.

Luna señaló que la participación financiera de la Comunidad en el actual Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 es mínima: solo 6,3 millones de euros aportados directamente por la Consejería de un total de 50,8 millones, y únicamente en dos de los doce programas que contempla el programa.

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