Los jóvenes acusados de los disturbios en las vías del AVE no se conforman con la pena propuesta y tendrán que ir a juicio

Los tres jóvenes acusados de haber causado daños en las obras del trazado del acceso del AVE a Murcia en octubre de 2017 en el marco de las protestas en el barrio de Santiago el Mayor no han aceptado la propuesta de ocho años de prisión que se les había hecho y debían aceptar o rechazar de cara a una vista de conformidad que estaba fijada para este viernes por la mañana. Al haber rechazado la propuesta de la fiscalía y no haber reconocido los hechos, no se ha celebrado vista pública y ahora se fijará una nueva fecha de juicio con la práctica de la prueba.

«Estábamos citados para una sesión de conformidad. Eso significa que nuestros clientes tienen que reconocer los hechos para alcanzarla, y eso es imposible porque son inocentes. Ellos se encontraban en la protesta ejerciendo su legítimo derecho a manifestarse. No hay prueba de cargo, según la valoración que hemos hecho todos los letrados, para que se produzca esa incriminación, y por tanto asumir unos hechos en los que ellos no han participado, nos parece injusto y no es veraz», indicó Encarna Gallego, abogada de uno de los jóvenes acusados, quien apuntó que la vista para el juicio se señalará para dentro de un año y medio.

La Fiscalía había pedido ocho años de prisión para los tres jóvenes divididos en tres años por presuntos delitos de desórdenes públicos y otros cinco por presunto delito de daños provocados y estragos, que han sido tasados en 133.750 euros. El fiscal reclamaba a su vez que esa suma sea asumida de forma conjunta y a partes iguales por los acusados para compensar al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y a la empresa Aldesa Construcciones, que fueron las perjudicadas por los destrozos.

Unos doscientos ciudadanos, muchos de ellos vecinos del barrio de Santiago El Mayor, Ronda Sur y San Pío X, se concentraron en la puerta de la Audiencia Provincial durante la sesión de conformidad para pedir su absolución. Entre las personas que acudieron al llamamiento de apoyo se encontraba el filósofo murciano Francisco Jarauta, el presidente de la Plataforma Pro Soterramiento, Joaquín Contreras, y el cura Joaquín Sánchez, quien manifestó que la petición de penas de la Fiscalía le parece «totalmente desproporcionada e injusta. Allí había 2.000 personas. Yo estuve esa noche allí, y a mí se me podría acusar de lo mismo que a ellos. Los padres están sufriendo mucho, al igual que ellos. Son chavales jóvenes de 20 y 21 años que tienen toda una vida por delante, y esto les puede marcar de por vida», expuso el sacerdote. En este sentido, los familiares que acudieron a la concentración reclamaron justicia y la libre absolución de los cargos. «Creemos que nuestro hijo es inocente y la absolución es la única vía posible para los tres. Los familiares lo estamos pasando bastante mal, puesto que no entendemos que se pueda truncar la vida de unos chavales de esta manera. Confiamos plenamente en la justicia y estamos aquí por eso; vamos a llegar hasta el final, porque creemos que nuestros hijos son inocentes y vamos a luchar hasta el final para conseguirlo», sostuvo Plácido Vera, padre de uno de los imputados.

El relato de hechos contenido en el escrito de acusación señala que los desórdenes y daños se produjeron el 3 de octubre, con motivo de la reanudación de los trabajos de instalación de pantallas acústicas de la futura vía provisional para el tráfico ferroviario, a la altura del citado barrio murciano. Numerosos vecinos, unos 2.000, acudieron al lugar para expresar su protesta, ya que exigían desde tiempo atrás, con otras concentraciones y manifestaciones, que la entrada del AVE a la capital murciana fuese soterrada y no en superficie.

Como consecuencia de los incidentes, «el tráfico ferroviario permaneció interrumpido varios días debido a los graves daños producidos en la infraestructura», dice la fiscalía.