El Itrem orientará a los ayuntamientos para poner coto a las viviendas turísticas

Pero más vale prevenir que curar y el Instituto de Turismo (Itrem) está dispuesto a tomar medidas inmediatas para evitar que el crecimiento vertiginoso de estos hospedajes (un 203% en la última década, tras pasar de las 3.115 que había en 2015 a las 9.448 de la última actualización) derive en problemas con la población local y dé lugar a episodios de turismofobia que se han visto en ciudades como Málaga, Barcelona o Palma de Mallorca.

De este modo, por indicación del director general, Juan Francisco Martínez, los técnicos del Itrem están haciendo un repaso de la legislación municipal más novedosa que hay sobre pisos turísticos en España, con el objetivo de facilitar a los 45 ayuntamientos de la Región de Murcia un documento orientativo con posibles medidas para poner coto a estas viviendas y prevenir la aparición de «zonas tensionadas» por la excesiva proliferación de estos alojamientos. Es decir, para impedir que los pisos turísticos tomen el centro de las ciudades, como ha ocurrido en aquellas urbes en las que se han registrado denuncias vecinales por la masificación del destino, la pérdida de la identidad local y el alza de los precios de los alquileres.

Fuentes del Instituto de Turismo de la Región recuerdan que «son precisamente los ayuntamientos los que tienen la competencia directa para tomar medidas y ordenar el crecimiento de viviendas de uso turístico en determinadas zonas», por lo que con el documento que se les aportará «esperamos ayudarles a planificar un presente y un futuro sostenible en lo que respecta a las viviendas de uso turístico, para que convivan en armonía con las viviendas tradicionales y la vida normal de sus residentes».

El Itrem insiste en que no se trata de prohibir estos recursos alojativos por sistema. De hecho, siempre ha defendido que juegan un papel importante en aquellos municipios que no tienen plazas hoteleras, pues permiten la recepción de turismo. De lo que se trata es de dotarse de un escudo que impida que proliferen en unas zonas muy concretas, como los cascos antiguos de las ciudades, y contribuyan a generar problemas de convivencia.

Hasta el momento, las viviendas de uso turístico están reguladas por el decreto que aprobó en 2018 el Gobierno regional, que fija los requisitos técnicos que deben cumplir los alojamientos, establece sus normas de funcionamiento y recoge la obligación de que estén inscritos en un registro oficial del Instituto de Turismo. Esta última exigencia es la que permite a los inspectores de la Comunidad, en colaboración con las plataformas digitales de comercialización (Booking y Airbnb, principalmente), detectar aquellos pisos que se publicitan en los portales sin contar con los permisos preceptivos de la Administración autonómica.

En estos dos últimos años, se han detectado 1.108 viviendas turísticas irregulares en las plataformas comerciales, de las que la mayoría accedieron a legalizar su situación, iniciándose tan solo 63 expedientes sancionadores.

Pero, por el momento, ningún ayuntamiento de la Región cuenta con una ordenanza específica sobre viviendas de uso turístico. El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena aprobó en 2021 una moción instando a elaborar una normativa propia en 2021, pero por el momento esta no está en vigor. Tampoco hay previsión en Lorca. Murcia también carece de ordenanza, pero la Concejalía de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente ya ha comenzado a estudiar la situación ante futuros problemas. En ese sentido, el Plan General cuenta con herramientas para limitar estos alojamientos, en el caso que esté justificado por la generación de desequilibrios vecinales o afecciones medioambientales en alguna zona del municipio, según explicó el edil Antonio Navarro.

En cuanto a las medidas ya aplicadas en otras ciudades fuera de la Región, los técnicos del Instituto de Turismo han realizado una batida por la normativa de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Palma de Mallorca, San Sebastián y Málaga, entre otras. Así, se han encontrado con iniciativas como la aprobación un plan que segmenta la ciudad condal en áreas donde se limitan o prohíben nuevas viviendas de uso turístico; la prohibición de nuevos alquileres en edificios residenciales si no tienen acceso independiente desde la calle en la capital de España; o la creación de un mapa de zonas tensionadas como el de Donostia.