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LA VERDAD
MURCIA
Lunes, 24 de febrero 2020, 07:51
La Comunidad Autónoma se personó como parte interesada, ante un posible daño a las arcas públicas, en las diligencias que abrió el Tribunal de ... Cuentas en el verano de 2016 para determinar si hubo responsabilidades contables por la desaladora, a la vista de tres indicios de presuntos daños a las arcas públicas que fueron señalados por un informe de fiscalización de la Intervención General de la Comunidad. La Administración regional, al igual que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, solicitaron en dos ocasiones un aplazamiento de la investigación contable por prejudicialidad penal, ya que se estaba instruyendo el 'caso La Sal' y querían esperar al resultado.
Sin embargo el Tribunal de Cuentas decidió en 2018 no incoar procedimiento, por lo que la Fiscalía y la Comunidad Autónoma presentaron sendos recursos, y el Tribunal Supremo ha dado ahora la razón al Ministerio Fiscal. La Comunidad se ha personado en todos los procedimientos abiertos por la desaladora de Escombreras, el último en la pieza separada contra el expresidente Ramón Luis Valcárcel, en la que está siendo investigado por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Esta personación en la causa la tomó el Consejo de Gobierno a principios de mes, por indicación de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad. También lo hizo con anterioridad en la pieza principal que implica al exconsejero Antonio Cerdá.
Si bien se trata de procedimientos distintos, existe una interrelación entre la vía penal y contable. Si se determina que hubo daño al erario público, eso podría condicionar las responsabilidades penales, y viceversa. Una de las líneas de defensa de los investigados es que el Tribunal de Cuentas archivó el caso, pero el Supremo ha anulado ahora dicho auto.
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