Los intereses de demora elevan la responsabilidad contable en el caso de las horas extra

La lista que figura en dicha acta, redactada el 17 de marzo, la forman 25 integrantes de la junta de gobierno del CEIS que participaron en las reuniones del 31 de julio y del 28 de diciembre de 2017, que fue en las que se votó y aprobó el pago de horas extra a los bomberos del Consorcio, en contra de la ley de Presupuestos de la Comunidad, que prohibía expresamente el abono de las mismas.

El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas de 2017 cifra en 2.176.025,45 euros el importe total de las horas extra ilegales. A esa cantidad, le suma 303.617,68 euros de intereses de demora, por lo que el dinero que reclama a la mayor parte de excargos del CEIS se eleva a 2.479.643,13 euros.

La liquidación realizada el 17 de marzo en la sede del Tribunal de Cuentas, en Madrid, «tiene carácter provisional y se hace a reserva de la decisión que se adopte en el proceso jurisdiccional contable que, en su caso, se incoe», señala el documento.

La Sección de Enjuiciamiento del tribunal inició actuaciones previas «a partir del escrito del Ministerio Fiscal» emitido como respuesta al informe de fiscalización de las cuentas de 2017 de la Comunidad, en el que se recoge «una actuación irregular consistente en la retribución de las horas extraordinarias realizadas durante esa anualidad, de la que podría derivarse un alcance contable».

La instructora concluye que estos pagos «no estaban justificados» y que, por tanto, hubo un perjuicio económico al erario público regional, por lo que procede a determinar «los presuntos responsables del reintegro del mismo».

Entre ellos figura el por entonces consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera, como presidente del CEIS; el que era director general de Emergencias, José Ramón Carrasco de la Sierra, y el gerente del Consorcio, Alfonso Ramón García López, como informó LA VERDAD en su día. También hay varios directores generales del Gobierno regional y representantes de algunos de los 43 ayuntamientos integrados en el CEIS. Entre ellos ocho concejales aún en activo, cinco del PP y tres del PSOE. Los populares son Ángela Gaona (San Pedro), Fulgencio García Nicolás (Archena), Ester Hortelano (Blanca), Juan Miguel Bayonas (Lorca) y Santiago Miñano (Ulea). Y los socialistas son Emilio Cabrera (Fuente Álamo), José Morales (Beniel) y Juan José Moreno, alcalde de Mula.

A la mayoría de ellos, el Tribunal de Cuentas reclama garantías del pago de 2.479.643 euros, que es el importe de las horas extra abonadas ilegalmente durante todo el año, por si finalmente fueran considerados culpables.

Para otros 4 de los 25 implicados, la responsabilidad contable asciende a 1.840.120,84 euros, que es el importe de las horas extra abonadas en los meses de enero a septiembre de 2017 más 230.737 euros de intereses de demora.

La menor responsabilidad corresponde a la secretaria-interventora del Consorcio, Ana María García Asensio (639.522 euros por las horas de septiembre, octubre y diciembre), debido a que formuló reparos al pago de las horas extra de los meses de enero a septiembre, reparos que la junta de gobierno del CEIS levantó el 28 de diciembre para poder abonar de forma irregular las horas a los bomberos.